El caso de Shadya Altamirano, abogada y bailarina de 29 años, provocó conmoción en la localidad santiagueña de Pinto y abrió una fuerte discusión sobre el rol de las instituciones frente a la violencia de género y la exposición en redes.
La joven se suicidó tras haber denunciado a su expareja por la viralización de contenido íntimo, situación que su entorno vincula con un profundo deterioro emocional.
Semanas antes, la víctima se había presentado en la Comisaría Comunitaria N° 15 para acusar a su exnovio por amenazas y difusión de material sexual sin consentimiento. Desde la fiscalía indicaron que en ese momento se activaron recursos de protección, entre ellos la oferta de un botón antipánico —que la joven rechazó— y la imposición de restricciones al acusado. También remarcaron que no hubo reportes posteriores de incumplimiento.
La versión de la familia difiere. Su madre, María Verónica Rodríguez, afirma que la denuncia no tuvo un seguimiento efectivo y que su hija atravesaba una relación marcada por violencia sostenida en el tiempo. “Nos dejaron solos”, expresó, al señalar la ausencia de contención psicológica y asistencia real.
En los días previos al desenlace, la madre había dejado constancia ante autoridades policiales del estado de salud mental de Shadya, quien contaba con antecedentes de tratamiento psiquiátrico e intentos de autolesión.
La investigación judicial continúa, con medidas como la autopsia y el análisis de dispositivos secuestrados y el caso reavivó cuestionamientos sobre la eficacia de las respuestas institucionales ante denuncias de violencia digital.
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