Dentro de las charlas online que organiza todos los viernes a las 19 horas la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, el Dr. Marcelo Riquert desarrolló una exposición titulada: "Una mirada crítica del proyecto de reforma del Código Penal Argentino".
El diálogo junto a Mario Velázquez, juez penal de Tucumán y presidente de la red, se enfocó en la orientación político-criminal de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y presentado públicamente en octubre de 2025 y en sus posibles efectos sobre el sistema de justicia penal.
Mario Velázquez y Marcelo Riquert en el ciclo de charlas de la Red de Juezas y Jueces Penales de República Argentina.
Riquert ubicó el proyecto dentro de una lógica de endurecimiento general del sistema penal, con un aumento significativo de penas, la incorporación de nuevos bienes jurídicos protegidos —incluyendo el ambiente, la familia e incluso el equilibrio fiscal— y la ampliación de figuras delictivas con mayores restricciones en la ejecución de las condenas, incluida la imprescriptibilidad en determinados supuestos.
En su exposición, señaló que el discurso oficial que acompaña la reforma se apoya en consignas como la “tolerancia cero” y el “el que las hace, las paga”, que interpreta como parte de una orientación punitivista que desplaza los principios tradicionales del derecho penal liberal y garantista. En ese marco, vinculó la iniciativa con un giro hacia modelos de mayor intervención coercitiva del Estado.
También repasó antecedentes legislativos recientes, como reformas en materia de reincidencia, unificación de penas y legislación vinculada a organizaciones criminales, que a su criterio ya habían anticipado un proceso de endurecimiento progresivo. Allí incluyó críticas a figuras como las “zonas de investigación especial” o tipos penales de asociación ilícita ampliados, por su posible tensión con garantías constitucionales.
Otro de los ejes abordados fue la coexistencia entre el aumento de penas y mecanismos de extinción de la acción penal mediante reparación económica. Según describió, este esquema podría generar diferencias sustanciales en la respuesta penal según la capacidad económica de los imputados, afectando el principio de igualdad ante la ley.
En cuanto a la política criminal, cuestionó el uso central de la prevención general negativa como fundamento del sistema, recordando sus limitaciones históricas y su baja eficacia disuasiva en múltiples formas de criminalidad. En ese sentido, señaló que el incremento de penas no necesariamente se traduce en una reducción del delito, especialmente en contextos de baja probabilidad de sanción efectiva.
También advirtió sobre el impacto que una reforma de estas características puede tener en un sistema judicial ya tensionado por la sobrecarga de causas, la falta de recursos, la lentitud estructural de los procesos y las condiciones de detención. En ese escenario, sostuvo que el aumento de la criminalización sin un fortalecimiento institucional podría profundizar el colapso del sistema penal.
Por último, planteó que la reforma redefine aspectos centrales del contrato social, como los límites del poder punitivo del Estado, las garantías del debido proceso y el alcance de la libertad individual.
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