La fiscalía del juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez, asesinada en agosto del 2011 tras permanecer nueve días desaparecida en la localidad bonaerense de Villa Tesei, incorporó como agravante el "abuso sexual" de la víctima, como pretendía la familia, y aseguró que hubo un "plan previo" de los acusados para cometer el asesinato.

 

Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45), fueron sometidos juicio oral y público por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón, presidido por Diego Bonanno e integrado por las juezas Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera.

 

Bermúdez, acusado de ser el autor material del crimen, denunció que ayer había sido golpeado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por lo que un médico de la Asesoría Pericial lo revisó. Sin embargo, el médico estableció que las lesiones no eran de reciente data tal cual los informes del SPB.

 

El fiscal Pablo Galarza, secundado por sus pares Mario Ferrario y Antonio Ferreras, fue el primero en dar a conocer los lineamientos en los que aseguró que los tres hombres "actuaron mancomunadamente" tras un "plan previo" y con "distribución de tareas" para "privar de la libertad y dar muerte" a Candela.  Además, el fiscal acusó a Bermúdez de haber abusado sexualmente a la niña.

 

Para finalizar, Galarza calificó el hecho como "privación ilegal de la libertad agravada por violencia seguida de abuso sexual y homicidio" y pidió incorporar por lectura las declaraciones de los testigos que murieron durante la etapa de instrucción, entre ellos el del carnicero Roberto Aníbal, considerado "clave" para relacionar a los imputados.

 

Por su parte, los tres defensores coincidieron en rechazar el pedido de la fiscalía porque los testigos que declararon lo hicieron en sede policial y no ante la Justicia. "Nos oponemos a la incorporación porque va en contra de los derechos de los sospechosos ya que no podrán preguntarle a los testigos adelante del tribunal", dijo Carpaneto.

 

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 15 de febrero. Allí participarán de la audiencia veedores de la Suprema Corte de Justicia provincial, del Colegio de Abogados y de la Procuración General a pedido del particular damnificado porque la defensa de uno de los imputados criticó a un sector del Departamento Judicial local en un programa televisivo.