Tras el escándalo que despertó el polémico acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, por el cual le condona a la familia Macri una deuda multimillonaria con el Estado, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una auditoría y un “sumario administrativo”, con el objetivo de investigar y esclarecer cómo se llegó a dicho convenio.
La fiscal general Gabriela Boquín había considerado que, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.
Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la fiscalía analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual).
Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, el Gobierno y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, negaron que se le haya condonado una deuda al Grupo Macri -originada cuando administraba el Correo Argentino-. El funcionario aseguró que en las negociaciones judiciales se prevé que la empresa pague el "ciento por ciento del capital verificado", que asciende a "296 millones de pesos".
"No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses", sostuvo Mocoroa, en diálogo con radio El Mundo y Radio Nacional. Según explicó, la controversia "se remonta a 2001, cuando se inicia el proceso concursal". En ese momento se verificó "que la deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos". Luego de eso transcurrieron 15 años en los que no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda por un "enfrentamiento político" entre el gobierno anterior y el Grupo Macri, y "el Estado no pudo cobrar un peso de la deuda" adquirida. "Recién en 2016 logramos que la empresa pague 600 millones de pesos", indicó Mocoroa.
Sin embargo, la fiscal Boquín consideró el acuerdo "abusivo", porque implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad, y más de 70 mil millones si se considera que la concesión era hasta 2033, según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
"Presumo que es un error jurídico", dijo Mocoroa sobre ese cálculo, que estimó que surge de dolarizar la deuda en pesos y sumarle los intereses de 15 años.
Mocoroa insistió en que "no existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada (al Grupo SOCMA). Por el contrario, la empresa al Estado nacional le va apagar el ciento por ciento del capital verificado, que son 296 millones de pesos, algo que generalmente no pasa en este tipo de acuerdos". Y aclaró que sumados los intereses, ese monto se elevaría a 600 millones de pesos, la cifra acordada en el acuerdo que los jueces deberán convalidar o no.
En el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Gobierno expropió el Correo Argentino, y eso originó a su vez demandas y reclamos de resarcimiento millonarios al Estado por parte del Grupo Macri, que podrían desactivarse si prospera el acuerdo, según una información publicada este jueves en el diario Clarín.
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