La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) organizó la jornada "Jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Desafíos y prácticas institucionales para una justicia constructiva" donde se debatieron experiencias en este campo específico para optimizar la labor de la justicia.
"Como legisladores nos nutrimos de sus experiencias y observaciones, lo que dicen quienes trabajan en el sistema es un aporte muy valioso" expresó en el cierre del evento el diputado Daniel Presti (PRO).
El presidente de la Comisión legislativa de Justicia recordó que en la víspera la Legislatura aprobó un convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que avala la transferencia de servicios de atención directa y los recursos de los centros socioeducativos de menores en conflicto con la ley.
De esa manera se traspasó el control de los centros socioeducativos de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez; y el dispositivo de supervisión y monitoreo con los recursos económicos, el personal a cargo y los bienes muebles.
"Sabemos que estos institutos están mal y nuestra responsabilidad es dar respuestas, herramientas para mejorarlos" apuntó el diputado que además integra la Comisión de Seguridad. Y añadió: "el traspaso es una oportunidad para brindar respuestas interdisciplinariamente, debatir y avanzar en el bienestar de los jóvenes en conflicto con la ley penal", aseguró Presti.
El secretario adjunto de AEJBA y de capacitación de la Federación Judicial Argentina (FJA), Martín Fachal explicó que "en la actualidad de los aproximadamente 65.000 criminalizados, 15.000 se encuentran en institutos de menores y de éstos el 48 por ciento son menores de 14 años, pobres".
Participaron del encuentro realizado en el salón "Intersecretarías - Presidente Alfonsín" de la sede parlamentaria expositores especializados en la temática de la minoridad como jueces, abogados, fiscales, miembros de juzgados y peritos psicólogos de instituciones locales y nacionales.
La jornada fue declarada de Interés Social por la Legislatura porteña el 16 de mayo pasado, por iniciativa del diputado Clodomiro Risau (PRO).
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