Habrá 250 profesionales dedicados a la asesoría legal y gratuita de personas en situación de vulnerabilidad social que hayan sufridos delitos graves como homicidios o violencia de género, a partir de la sanción de la ley de protección a la víctima.
Según informó el Ministerio de Justicia, se comenzará con un plan piloto en 5 de los 19 departamentos judiciales que componen la provincia de Buenos Aires. Sus miembros trabajarán en conjunto con los Centros de Asistencia a la Víctima (CAVAJ) y en principio estarán presentes en los distritos de San Martín, Junín, Mercedes, Necochea y Trenque Lauquen.
Este plan va en consonancia con la ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos aprobada por el Congreso el pasado 21 de junio. La ley tiene como fin la tutela integral de la víctima de delito en todo el proceso penal. Uno de los objetivos es que los afectados por un delito o sus familiares puedan seguir de cerca las actuaciones judiciales, y que se les garantice el patrocinio jurídico gratuito. Para ello, se abrirán Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas, que atenderán las 24 horas y contarán con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.
El cuerpo de letrados para las víctimas se constituirá a partir del convenio firmado entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte-Grand, y el ministerio de Justicia bonaerense, cuyo titular es Gustavo Ferrari.
Los letrados asistirán a víctimas de delitos que consistan en “graves atentados contra la vida y la integridad física, en especial en situaciones de violencia de género así como en los delitos contra la integridad sexual” (ejemplos: femicidios, abusos sexuales, accidentes de tránsito, etc). En tanto, aclara que también se considerarán: el cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, herederos, curadores, tutores o guardadores cuando del delito resultare la muerte o incapacidad de la persona. En ese marco, la normativa pone especial atención en ciudadanos con escasez de recursos económicos que no pudieran afrontar los gastos de asistencia o patrocinio letrado en las causas penales correspondientes.
Pese a que para su efectivo funcionamiento es necesaria la aprobación de una ley específica en la Legislatura bonaerense, la idea de ambas instituciones es crear los cargos del cuerpo de abogados con el nivel equivalente al de Secretario de Juzgado de Primera o Única Instancia. En esta primera, etapa, serán fiscales ya en funciones quienes realizarán las tareas de asistencia a las víctimas.
En cada departamento judicial, en esta prueba piloto y analizando índices delictivos de los últimos tres años, habrá dos abogados con su soporte administrativo, y el objetivo final, según explicaron, es llegar a un número total de entre 200 y 250 profesionales en toda la provincia exclusivamente dedicados a esta problemática.
De los primeros pasos para el plan piloto participaron los familiares de víctimas que impulsaron la ley de protección como Carolina Píparo, María Luján Rey, Matías Bagnato, Silvia Irigaray, Marta Canillas, Leonardo Menghini, Jimena Aduriz y Nilda Gómez. El procurador general aseguró que “es un convenio por el cual se pone interés en coadyuvar a la tutela y protección de la víctima con un de los instrumentos como lo es el cuerpo de los abogados”.
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