El fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta pidió que se le prohíba salir del país al ex gobernador Daniel Scioli y se lo inhiba por 189 millones de pesos, en la causa que investiga irregularidades en la contratación para la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA). La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia deberá definir si acepta o rechaza la solicitud de la fiscalía.
La solicitud de Garganta recae también sobre el ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, de quien el fiscal sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPA.
Para el fiscal, la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes "resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio".
En este sentido, subrayó que "todas las contrataciones" realizadas durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
El contenido de la declaración de Scioli -que se limitó al escrito, dado que no expuso en forma oral ni respondió preguntas- consignó también que el mandatario provincial negó que se haya "alterado" el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de "beneficiar a un proveedor determinado".
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
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