La semana pasada la Corte Suprema de Justicia resolvió una demanda en favor del gobierno provincial conducido por el peronista Carlos Verna por los fondos de la coparticipación federal en sintonía con otros planteos que había resuelto a fin de 2015 en los casos de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Esta medida generó la queja de intendencias que salieron a exigir a Verna que coparticipe a los municipios los ingresos extra que recibirá la provincia. Así como intendentes del conurbano bonaerense también se expresaron en el mismo sentido.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional que ordenó frenar una millonaria poda a la coparticipación que recibe La Pampa disparó la inmediata reacción de los intendentes radicales.
Se trata de fondos coparticipables cuyo mecanismo de devolución deberán en un plazo de 120 días, según el fallo que firmaron los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
"Ahora el Gobierno de Macri devolvió lo que nos quitó el kirchnerismo, y ese dinero tiene que ser coparticipable", disparó el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, quien aspira a buscar su reelección el año que viene al frente de la capital provincial. La pretensión fue analizada en el marco de un encuentro que reunió en las últimas horas a intendentes y legisladores provinciales del centenario partido.
Días atrás, la rebeldía de haber rechazado el Consenso Fiscal que Mauricio Macri selló hace un año con la mayoría de los gobernadores le rindió frutos al peronista duro Verna, y calcula que el reciente fallo del máximo tribunal que frena un tijeretazo en la coparticipación a La Pampa -declaró inconstitucional la detracción del 1,9% para financiar a la AFIP- le liberará $50 millones mensuales ($600 millones al año), y un pago retroactivo -esperan- de entre $5.000 millones y $8.000 millones.
Ahora, el lote de planteos de los caciques comunales apunta además -según lo reseñado por El Diario de La Pampa- a que los fondos educativos que recibe La Pampa sean coparticipables. Los reclamos de los intendentes serán elevados a la Legislatura, en el marco de la discusión por el Presupuesto provincial 2019 y por un proyecto que impulsa retoques en los índices de coparticipación local.
"Hay una preocupación cierta por el 2019 y la modificación de los índices de coparticipación; la cuestión de fondo que estamos tratando de modificar es la masa de fondos coparticipables", dijo Altolaguirre.
El gobernador Verna en Buenos Aires al iniciar la demanda por los fondos de coparticipación hace 11 años.
Fallo para La Pampa
La Pampa recibirá por parte del Estado Nacional 3 mil millones de pesos, más intereses. Así lo resolvió la Corte Suprema ante una demanda en favor del gobierno provincial, en sintonía con otros planteos que había resuelto a fin de 2015 en los casos de Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Se trata de fondos coparticipables cuyo mecanismo de devolución deberán en un plazo de 120 días, según el fallo que firmaron los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Las dos autoridades del máximo tribunal, Carlos Rosenktrantz y Helena Higton no firmaron la resolución, tomada el mismo día en que ambos se reunieron con Mauricio Macri.
La causa “La Pampa, Provincia de contra Estado Nacional (Poder Ejecutivo -Ministerio de Economía de la Nación) sobre acción de inconstitucionalidad” fue iniciada por la provincia en 2007. Ante la posibilidad de que prescriba en el corto plazo, la Corte declaró ayer la inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia, en miras a reordenar y dotar de financiamiento a la AFIP.
La Corte consideró que el Poder Ejecutivo no podía "unilateralmente modificar un régimen" que, según la Constitución Nacional, debe ser "acordado por todas las provincias y el Estado nacional (como la Ley de Coparticipación Federal de la Ley 23.548 y del Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992).
Rosenkrantz había avisado que se excusaría dado que durante su actividad como abogado, su estudio había litigado en un caso similar presentado por Santa Fe. Highton de Nolasco tampoco firmó, al igual que no lo había hecho en otras oportunidades por el mismo tema. El caso profundiza las diferencias al interior del tribunal, luego del sorpresivo cambio de autoridades.
En el 2015 la Corte aplicó el mismo fallo con relación a las provincias de Santa Fe y San Luis, que habían iniciado una causa contra el Estado nacional por la retención del 15% de los recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos para el financiamiento del sistema previsional. En ese momento, el tribunal falló resarcir a las dos provincias por casi 30 mil millones de pesos más los intereses.
La Corte solicitó también "admitir la excepción de prescripción deducida con respecto a las detracciones efectuadas entre los días 1° y 29 de marzo de 2002" y "condenar al Estado Nacional a pagar a la Provincia de La Pampa, con los alcances establecidos, la suma que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en virtud del decreto 1399/01, con más los intereses según la legislación que resulte aplicable".
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