El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, retieró que por más que haya una “defensa corporativa” de asociaciones o colegios de jueces que “hicieron su veranito para favorecer a violadores y asesinos” va a continuar con el jury en la provincia de Buenos Aires a dos magistrados que excarcelaron violadores o asesinos. El juez Gallo Tagle denunció que se lanzó "una campaña de difusión, negativa para el Poder Judicial".
Ante las críticas a través de este comunicado por parte de algunas asociaciones de magistrados, Massa sostuvo que “es muy cómica la defensa corporativa de quiénes, además de controlar deben ser controlados”, y consideró que “resulta inadmisible ver un planteo corporativo cuando hay que mirar caso por caso”. “No me preocupa para nada la amenaza corporativa, porque el Poder Judicial está en deuda con la sociedad y lo tiene que asumir”, aseveró el diputado nacional del Frente de Todos.
La defensa corporativa
Por el contrario, el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, indicó que en “la Justicia nacional y federal, y allí se han rechazado más del 90% de las excarcelaciones solicitadas, por una evaluación adecuada en cada caso y en cada expediente: no es una decisión arbitraria concederlas o rechazarlas", dijo en diálogo con radio Continental.
En ese marco, explicó que "se han rechazado en donde los delitos eran graves, el detenido podía ser peligroso, o no estaban alcanzados por sospecha de peligro de la pandemia".
Massa, por su parte, no cree que sea así ya que dos diputados provinciales de su bloque, Pablo Garate y Jorge Donofrio, que confirmaron a Tiempo Judicial que ya se los inició el proceso de jury de enjuicimiento a los jueces de San Martín y Bahía Blanca, María Inés Piñeiro Bertot y Claudio Brun.
“Algunos hicieron su veranito para favorecer a violadores y asesinos. A aquellos que hayan violando la idea de que la peligrosidad del resto era el principio de respetar un orden, vamos a seguir con los jury de todos los jueces que han excarcelado violadores y asesinos en estos días”, insistió el diputado nacional. También reafirmó el compromiso con la las asociaciones de familiares de víctimas de delitos.
“Argentina tiene una Ley de Víctimas y mi responsabilidad es hacer cumplir la ley. Apenas empezó la discusión del tema de excarcelaciones advertimos que había que cumplir la ley en todas las provincias porque es de orden público”, rememoró Massa.
Asimismo sostuvo que “algunas excarcelaciones demuestran que hay jueces que viven en una burbuja e ignoran la realidad de lo que está pasando en la sociedad”, al advertir que algunos “hicieron su veranito” al otorga esos beneficios.
En ese marco, puso de relieve que “vimos con el paso de los días que la ley no se estaba cumpliendo y pusimos a la Oficina de Víctimas a revisar cada uno de los casos” y precisó: “lo que hicimos fue una presentación de un jury sobre una jueza de San Martín y otro de Bahia Blanca”.
Para Gallo Tagle, el tema de las liberaciones de delincuentes o las prisiones domicialirias por delitos graves, fue un "punto donde se ha montado una campaña de difusión, negativa para el Poder Judicial, transmitiendo una información que es inexacta", y agregó: "Es cierto que las decisiones le corresponden exclusivamente a los jueces, pero la cuestión del colapso y sobrepoblación que hay en los sistemas carcelarios.es gestión del Ejecutivo".
¿Qué decisiones tomaron esos jueces?
El inicio del jury de modo electrónico por la pandemia primero fue contra el juez del Departamento Judicial de Bahía, Blanca Claudio Brun, por haber otorgado la libertad a detenidos acusados de delitos graves. La realizó el legislador bonaerense, Pablo Garate.
El magistrado otorgó la prisión domiciliaria a un delincuente que cumplía una condena a siete años de prisión desde noviembre de 2015 por abusó sexual de una joven con retraso madurativo. Tras los múltiples reclamos, decidió dar marcha atrás y revocó su propia resolución con otra nueva en la que ordenó su regreso al penal de Villa Floresta en Punta Alta. Cuando lo hizo, el pedido de juicio político ya estaba en marcha.
El otro caso polémico que ya inició el jury es el de la jueza María Inés Piñero Bertot, del Tribunal Oral 2 de San Martín, quien otorgó la prisión domiciliaria a un acusado de violación a una menor de 17 años y se espera que la causa se eleve a juicio oral. El detenido se había fugado y lo recapturaron.
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