El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación de este viernes 5 de junio se desarrolló con normalidad pero no se llegó a tratar el dictamen que proponía el desistimiento de las denuncias que pesan sobre el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6. T
El Dictamen 51/2020 propone desestimar las cuatro de las denuncias que pesan sobre el magistrado de Comodoro Py. Las mismas consisten en: mal desempeño en sus funciones, enriquecimiento ilícito, extorsión, cohecho.
Cabe recordar que en la sesión de la Comisión de Disciplina y Acusación en la que se votó por mayoría el dictamen desestimatorio, se discutieron distintos aspectos técnicos de las investigaciones realizadas. La consejera, representante de los abogados del interior, Marina Sánchez Herrero, objetó la acumulación de las acusaciones. Lo sucedido en las sesiones del Consejo y el contenido de las acusaciones contra el juez de Comodoro Py, generaron una gran repercusión en la opinión pública.
El dictamen desestimatorio que se someterá a votación en el próximo plenario contempla cuatro denuncias:
1) Denuncia realizada por Pablo Tonelli contra el magistrado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La presentación del diputado nacional por Juntos por el Cambio e integrante del Consejo se formuló en el año 2018 a raíz de una nota publicada por el diario La Nación en la que se señalaba que Canicoba Corral y su esposa tendrían propiedades por más de dos millones de dólares. Allí se hacen observaciones sobre una serie de inmuebles que pertenecerían a su patrimonio.
2) Denuncia realizada por Alfredo Popritkin contra el magistrado por mal desempeño de sus funciones.
El escrito se presentó en el 2017 y a raíz de una nota publicada en el diario Perfil donde se daba cuenta del requerimiento promovido por el Fiscal federal Jorge Di Lello contra el magistrado. Allí se lo cuestionaba por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho. También, se apuntaba contra la designación de su cuñado como interventor de la obra social del SOMU. Por otra parte, Popritkin lo acusó a raíz de una vivencia personal.
En la presentación narró que le tocó desempeñarse como Perito Contador Oficial de la Corte Suprema Justicia de la Nación en una causa sobre malversación de fondos públicos durante el período comprendido entre los años 1998 y 2001, cuyo trámite llevaba adelante el juez en cuestión. En 2004 presentó un dictamen fiscal dando cuenta del uso irregular de esos fondos. En consecuencia, relató que Canicoba Corral lo citó, le pidió que devolviera la información que tenía en su poder y decidió apartarlo del cargo. Luego, se le inició un sumario administrativo.
3) Denuncia realizada por Enrique Omar “Caballo” Suárez por: enriquecimiento ilícito, abuso funcional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y cohecho.
El gremialista del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) hizo la presentación en el 2018 y apuntó contra Canicoba Corral por varias cuestiones. En primer lugar, sostuvo que el juez ordenó su detención a pedido del Poder Ejecutivo y que no existían razones para que se le dictara la prisión preventiva. También, manifestó que fue extorsionado mediante personas allegadas para que le diera dinero a cambio de otorgarle prisión domiciliaria y que no se adoptaron medidas que contemplen su estado de salud. Asimismo, cuestionó la designación del cuñado del magistrado frente al SOMU.
4) Denuncia realizada por Juan Manuel López por incremento patrimonial
El diputado nacional de Juntos por el Cambio formuló la presentación en el 2019 a raíz de una nota publicada por el diario La Nación, titulada “El juez Canicoba Corral hizo más de 20 vuelos en jets de empresarios amigos”. El escrito expresa que: “El juez federal Canicoba Corral tendría un incremento patrimonial sospechoso e injustificado, así como también vinculaciones con empresarios de diversos rubros, muchos de los cuales se encuentran acusados de corrupción”.
En su descargo, Canicoba explicó que ninguno de los vuelos contiene irregularidad, la gran mayoría corresponde a vuelos comerciales que fueron abonados de forma ancarizada, otros se abonaron con millas y otros fueron en función oficial. A partir de la valoración de las pruebas, en la investigación se descartó que tales vuelos aéreos impliquen una situación patrimonial injustificable.
No obstante, resta seguir avanzando sobre la posibilidad de que esos vuelos comprometan vinculaciones con empresarios, algunos de ellos acusados de corrupción. Es por eso que este último asunto se desglosó del expediente original y deberá ser sorteado para su investigación.
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