La presidenta de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal, la jueza María Jimena Monsalve, en diálogo con Tiempo Judicial, reflexionó sobre la dificultad de tomar decisiones sobre personas privadas de libertad, qué significa la cárcel, la preocupación por los pedidos de juicios políticos y cuál es la realidad del fuero de ejecución penal donde tramitan 19 mil expedientes.
Tiene 28 años de carrera judicial y es presidente de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, jueza Nacional de Ejecución Penal, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y socia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
En una charla reflexiva se mostró preocupada por realidad que afrontan las familias de las personas privadas de libertad y auguró que hay que repensar el sistema punitivo de la Argentina. “Hoy las personas que salen de nuestras cárceles no tiene posibilidad de integración social, salen con mucho deterioro y el estigma de la pena dura diez años después de haber cumplido la pena. Todo tiene consecuencias”, razonó la jueza titular del juzgado nacional de Ejecución Penal número 5.
Según un informe reciente al que accedió este medio con datos del 16 de marzo al 8 de julio, los cinco juzgados nacionales de ejecución penal con sede en la Capital Federal tienen en trámite 19.325 expedientes y con conexión remota al sistema Lex 100, dictaron un total de 1924 resoluciones, y aplicándose un aproximado de 25 mil firmas electrónicas.
¿Cómo es trabajar en un juzgado que define la libertad de una persona?
En un juzgado de ejecución recibimos a las personas en el peor momento donde ya cesaron todas las instancias recursivas y no hay vuelta atrás. La realidad es que vislumbramos un absoluto deterioro que produce el paso de una persona y de su familia por una cárcel y que las percibimos cuando tenemos que decidir libertades anticipadas o prisiones domiciliarias. Vemos como trasciende a los menores de edad y eso nos hace pensar qué tipo de diseño de modelo punitivo y sancionatorio queremos.
Tenemos que plantearnos si realmente se entiende que la aplicación de la prisión preventiva hace mucho daño a una persona. Esto no quiere decir que haya que eliminarla porque no existen propuestas superadoras de modelos carcelarios, pero si definir qué tipo de sistema necesita nuestra sociedad.
Según el informe que realizaron están colapsados de expedientes en los cinco juzgados con un total de 19.325 causas. ¿Por qué ocurre y con qué recursos cuentan?
La justicia de ejecución penal está recargada y excedida en todo el país con pocos recursos y se crean juzgados en muchas jurisdicciones pero nunca fueron puestos a funcionar. No hay una determinación de poner a la justicia de ejecución penal en el lugar que le corresponde sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de personas privadas de libertad.
Sobre todo cuando nosotros tenemos muchos kilómetros que transitar hacia las cárceles donde están alojados las personas que controlamos. Entonces el desafío es muy grande y buscamos soluciones intermedias como la creación de los “Secretarios Delegados de Ejecución Penal”. Son secretarios que dependen de la Cámara Federal de Casación Penal y están asignados a los distintos centros penitenciarios federales del país. Su incorporación nos sirvió para acortar distancias porque visitar las unidades penitenciarias es difícil porque dejamos trabajo pendiente en el juzgado, por eso buscamos un equilibrio.
¿Con este panorama que futuro ve para los juzgados nacionales de ejecución penal?
Creo que hay que darle mucha importancia a esta etapa porque tenemos la posibilidad de realizar un trabajo más responsable con un menor número de casos que controlar. A diferencia de todas las provincias, en nuestro caso, controlamos suspensión de juiciosa prueba y condenas en suspenso.
La verdad es que el diseño del nuevo Código Procesal Federal Penal dice que la suspensión del juicio a prueba va a quedar en el tribunal que la otorgó y es una carga muy grande en cantidad. Si esto es así, como dice nuestro informe debería repensarse un rediseño, dotarse de una mayor cantidad de unidades jurisdiccionales y recursos para el fuero.
¿Qué iniciativas impulsa como titular de la asociación de jueces de ejecución penal?
Como presidenta de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal mi rol tiene que ver con impulsar el cumplimiento de todos los objetivos que tiene nuestro objeto social y la idea es jerarquizar la materia y concientizar el cumplimiento responsable de los derechos humanos en la ejecución de la pena. Y es muy importante la capacitación y sensibilización a todos los operadores de todas las instancias y de las interdisciplinas que están tan vinculadas a la ejecución de la pena.
¿Le preocupan los pedidos de juicio político a los magistrados de su fuero como Axel López?
Desde la asociación tratamos de poner en orden y llevar una voz responsable a una persecución entre comillas de jueces de nuestro fuero ya que existe una tasa muy alta de pedidos de juicios políticos en las distintas jurisdicciones. La asociación pretende que se respeten las garantías de los procesos porque a veces se muestran los fracasos del sistema y nunca se cuentan las historias de aciertos.
Desde la asociación, el objeto es cambiar esta dinámica, buscar un equilibrio y contar que hay mucha gente que sale de prisión y no quiere volver a reincidir. Hay que trabajar en forma integral e interinstitucional en la asociación con nuevos desafíos. El asociativismo es un buen recurso para poder desarrollar estos paradigmas en todo el país y como presidenta espero que seamos vehículos de información fidedigna basada en evidencia científica para poder construir leyes que den una respuesta eficiente al problema del delito y la cárcel.
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