En la justicia federal de Salta se imputó a 17 concejales de localidades provinciales por una supuesta defraudación al Estado por cobrar indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el subsidio especial que el Gobierno nacional destinó a personas vulnerables cuando se implementó la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
El fiscal federal de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, formalizó ayer la imputación a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que habrían cobrado indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) acusados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes.
La formalización de la imputación transcurrió durante una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas con la participación de los imputados y sus abogados defensores, y el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio.
Lista de imputados
Las personas imputadas son los concejales de las siguientes localidades que se consignan junto a sus nombres: Jesús Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella (Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez (Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco); y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
También fue imputado Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Estafa en el cobro del IFE
Luego de escuchar a las partes, Bavio dispuso en primer término formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es “sólido y provisto de numerosa prueba documental”.
En la audiencia, el fiscal Toranzos sostuvo que la investigación se inició a partir de la difusión el 23 de julio pasado de una investigación de periodistas de la radio FM Noticias, de Salta, que puso en evidencia el cobro irregular del IFE por parte de distintos funcionarios públicos, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades de la provincia.
El beneficio del IFE fue puesto en vigencia a partir del DNU 310/20 y habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos para personas que, debido a la pandemia decretada por el coronavirus, habían resultado afectados sus empleos por las medidas sanitarias.
El fiscal explicó que el beneficio estaba dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios, como monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares.
El mismo decreto y las reglamentaciones posteriores pusieron la responsabilidad del pago, como del respectivo control, en la ANSES, organismo que, a su vez, dispuso en detalle quiénes serían los beneficiarios, los requisitos, el trámite y el medio de pago.
Toranzos indicó que la disposición del “beneficio es clara y que, sin embargo, los acusados la cobraron incumplieron con el juramento realizado al asumir en la función pública, pues conocían que no podían cobrarlo, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos”. En muchos casos, explicó el fiscal, lo percibieron en dos ocasiones.
El fiscal añadió que las pruebas producidas de ANSES dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron los imputados, sino el medio por el cual percibieron irregularmente tal beneficio. Y señaló también el sueldo que percibía cada uno de los imputados, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos, en concepto de haberes abonados por el Estado en su condición de funcionarios públicos salteños en diferentes localidades provinciales.
En función de ello, Toranzos solicitó que los acusados, 17 concejales y el empleado de ministerio, sean imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. También solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos, a fin de cubrir los daños causados y las costas del proceso.
Por el lado de los letrados defensores de los acusados, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE. Uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento: al tomar conocimiento del cobro indebido, esa persona -dijo el imputado- decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor de su localidad.
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