El juez penal de Cañuelas, Martín Rizzo, aceptó el pedido del gobierno bonaerense y postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica. ¿Qué dijo en su resolución y qué dicen los abogados de los imputados por la toma?
Tras la reunión que se llevó a cabo el lunes por la toma en el predio de Guernica, el juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas, a cargo del juez Martín Rizzo, emitió hoy una resolución en la cual posterga hasta el 1 de octubre la orden de desalojo mientras siguen las negociaciones para una salida "sin violencia", con la asistencia de la Mesa de Articulación, integrada por organismos de la provincia de Buenos Aires y organizaciones barriales.
La solicitud fue presentada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió postergar el desalojo previsto para este miércoles hasta el 1 de octubre. Así también lo decidió el juez Rizzo explicando en su resolución que tras la audiencia virtual con todas las partes involucradas en el conflicto habitacional entendió que el “plazo estipulado resulta adecuado para la protección de los derechos y garantías de las personas que se encuentran en juego, por un lado los damnificados y por el otro, aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes mujeres, mujeres trans-travestis, personas con discapacidad y adultos mayores. Que el norte de estas decisiones no es otro que dar una salida pacífica a la decisión que fuera adoptada por este magistrado y confirmada por el superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes”.
En la resolución, Rizzo aclaró que se mantiene la decisión del desalojo y también la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos. ¿Qué dijo la abogada de las personas que tomaron las tierras?
María del Rosario Fernández, abogada de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados
“En la reunión quedó bien claro que esto no puede arreglar de manera judicial, sino que se tiene que arreglar de manera política”, afirmó María del Rosario Fernández, abogada de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados y defensora de algunos imputados en la toma, al respecto de la audiencia entre las partes que tuvo lugar el lunes.
La defensora, relató que se le pidió al fiscal “que diga cómo pensaba instrumentar el desalojo, y él se negó, argumentó que era secreto y que no podía adelantar nada”. Si bien la orden de desalojo será el 1 de octubre, esto encendió las luces amarillas en todos los organismos que esperan una solución pacífica, sin heridos. “Arreglarlo de manera judicial va a ser lamentable”, disparó.
En la audiencia estuvieron presentes el juez, el fiscal, los particulares damnificados con sus abogados, el Ministerio de Desarrollo, organismos de la niñez y los abogados de los imputados. Fernández, en tanto, señaló que todos los actores, excepto el juez y el fiscal, están convencidos de que “el desalojo no se puede llevar a cabo, no se puede instrumentar”, y aclaró: “Va a ser problemático, son 2500 familias. Y obviamente que se van a resistir y vamos a terminar lamentando situaciones que se podían haber evitado”.
“La verdad que el juez no dijo nada y lo que propone ministerio, que ya lo había propuesto por escrito, es hacer un censo y ver en base a eso donde relocalizar a las personas”, precisó sobre la reunión.
Señaló, además, que “hay que ver hasta dónde la presión le cabe el juez y hasta dónde no. Jurídicamente las cartas ya están echadas, ahora esto es político”. Y si bien, siempre los distintos organismos sociales están presentes en los desalojos, la letrada destacó que “no es común estén todos los organismos presentes para colaborar y que no se llegue a lo peor, hay que usar esa herramienta”.
“El costo político de esto no lo pagará ni el juez, ni el fiscal, el costo político de esto lo pagará la provincia. Lo pagará el Ministerio y por último lo va a terminar pagando Kicillof. Nadie en este gobierno quiere cargar un muerto”, concluyó la abogada Fernández.
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