Tras el operativo “Luz de Infancia”, que desbarató la semana pasada una red que distribuía imágenes de abusos a niños, niñas y adolescentes, la Justicia porteña analiza más de un millón de archivos digitales que obtuvieron en los 42 objetivos del país. Fueron 23 los detenidos que tenían en su poder al menos 1854 dispositivos de almacenamiento con fotos de 13 menores que compartían con ellos el domicilio.
La fiscal Daniela Dupuy, quien conduce la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, explicó la investigación en profundidad, en diálogo con Tiempo Judicial, y precisó que actualmente “resta analizar todos los dispositivos tecnológicos para ir lo más pronto posible a juicio oral y público”.
“Luz de infancia es una operación que tuvo varias facetas, ya se han hecho varias y la verdad es que todas tuvieron su origen en el exterior, en donde se determinó que a través de una red diferentes usuarios ubicados en diferentes puntos y países se conectaban para facilitar y compartir imágenes de explotación sexual infantil”, afirmó la fiscal.
Según la funcionaria, en todas las facetas de ‘Luz de Infancia’ hubo una cantidad importante de allanamientos, coordinados en varios los países, y siempre con varios detenidos. En algunos casos, recordó, hubo condenas y en términos generales hubo buenos resultados.
Además, explicó que el último operativo comenzó con una investigación articulada entre el Ministerio de Justicia de Brasil, que puso en conocimiento de la cantidad de IPs en el país desde donde los sospechosos abrían facilitado imágenes de abusos sexuales infantiles, que en su mayoría, eran menores de 13 años.
“Es una modalidad muy común que entre las personas que se dedican a intercambiar este tipo de material de abusos lo hagan utilizando esta red ‘Peer to Peer’ para dificultar las investigaciones”, aclaró la fiscal, pero celebró que “todos los medios de investigación se sofisticaron y permiten detectarlos con mayor facilidad”.
También, enfatizó que cuando llegó la información y se determinó que muchas de las direcciones estaban en otras provincias “hubo un de acuerdo con los fiscales de cada una de las provincias para articular y armar un procedimiento simultaneo”. Actualmente, se resuelve cada situación penal de acuerdo a los distintos códigos procesales de las provincias.
La fiscal señaló que el trabajo se realizó con el apoyo del Fiscal General, Juan Bautista Mahíques, que creó la Unidad Fiscal Especializada, y “brindó las herramientas informáticas y recursos humanos para hacerle frente a estas investigaciones de carácter internacional”.
“Se debe analizar todos los dispositivos informáticos secuestrados, para poder determinar no sólo la autoría, sino también si existen otros elementos provenientes. Muchas veces, a través de la investigación, se llega a que el abuso es en la órbita familiar o por personas allegadas a las víctimas”, concluyó.
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