En línea con el DNU presidencial, en la provincia de Buenos Aires se acató la decisión de la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021.
En este sentido, los municipios de Vicente López y San Isidro, a cargo de Jorge Macri y Gustavo Posse decidieron “judicializar” el reinicio de clases en sus distritos para que el Poder Judicial ordene al gobierno provincial a realizar clases presenciales, al menos en estos dos municipios de la zona norte del conurbano bonaerense.
En la justicia bonaerense hay varias instancias de apelación y de recursos por lo cual no es tan fácil ni rápido acceder a la Suprema Corte bonaerense a un día de haber presentado un amparo por la vuelta presencial de las clases en tu municipio.
Por un lado, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, intentó lo mismo que Larreta y presentó un amparo en la Justicia federal de San Martín pidiendo que “se declare la nulidad y en su caso, la invalidez constitucional del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº181/2021, dictado con fecha 16 de abril de 2021, publicado en el Boletín Oficial el 17 de abril del corriente y de la Resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº1208/2021 art. 9° -Anexo I- actividades Nº118 y 119”.
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo 2 de San Martín el 18 de abril, a cargo del juez subrogante Oscar Pavero, resolvió que “declarar la incompetencia de la Justicia Federal” y la “falta de legitimación pasiva respecto del Estado Nacional porque la litis debe integrarse exclusivamente con la Provincia de Buenos Aires”.
Macri no se quedó conforme y acudió a la justicia bonaerense, más precisamente al Departamento Judicial de San Isidro que tiene competencia sobre estos partidos del norte bonaerense: Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López buscando una buena noticia mientras un grupo de padres bonaerenses hoy realizó una marcha a la Corte Suprema en Capital Federal con una carta a la CSJN pidiendo la reapertura de las clases.
Cómo contó Tiempo Judicial bien temprano de fuentes del municipio, el Juzgado Civil y Comercial 12 de San Isidro, a cargo de Estela Robles, hoy se declaró incompetente por entender que es un “conflicto entre un municipio y la provincia” de Buenos Aires.
Desde la municipalidad de V. López informaron que se “apelará esta decisión toda vez que la ley de amparo es clara en el sentido que toda persona física o jurídica que se encuentra afectada en sus derechos e intereses puede interponer la acción”; y que, por otro lado, como se sostiene en jurisprudencia “la SCBA ha resuelto que cualquier juez tienen jurisdicción para entender acciones de amparo”.
Esta última frase no quiere decir que será el Máximo Tribunal bonaerense quien ya intervendrá en este amparo planteado por Jorge Macri ya que la siguiente instancia si la apelación prospera intervendrá la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, presidida por el juez Hugo Oscar LLobera y que cuenta de tres salas. Por otro lado, el juzgado de San Isidro aún “no resolvió la cautelar” planteada.
Pese a esto, la jueza resolvió que "considerando que en razón de lo dispuesto por los arts. 160, 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios, me declaro incompetente para entender en estas actuaciones. Notifíquese al accionante de modo urgente y remítase del mismo modo a la Secretaría de Juicios originarios de la Suprema Corte".
Por el lado de San Isidro, el jefe comunal de San Isidro firmó el pasado 17 de abril un decreto municipal para declarar a la educación como un servicio público esencial, en línea con el discurso del Gobierno porteño y luego de que su par de Vicente López.
El decreto provincial dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, puntualmente en los establecimientos educativos provinciales y municipales de los tres niveles.
En el amparo se argumenta que “dichas normativas, vulneran garantías constitucionales arts. 5, 14, 28, 31, 123 CN y Tratados Internacionales” y que “en el acto arbitrario que cuestiona se decreta la suspensión de las clases de manera presencial, desnaturalizando de ese modo la obligación y responsabilidad de esta Municipalidad en cuanto debe garantizar el servicio de educación integral en sus establecimientos”.
“La educación es esencial. Para nosotros es un problema para muchos vecinos que cierren los colegios. En representación de los padres y los alumnos fuimos por la vía legal y estamos esperando para obtener el amparo”, indicó el Gustavo Posse en declaraciones a Radio Mitre.
Posse agregó que “lo que hicimos fue ir en búsqueda de que la Justicia reestablezca el Derecho de aprender y educar. El amparo es un instituto de emergencia, por lo cual durante la semana que viene habrá novedades”. Para argumentar el escaso nivel de contagios que se dieron en las aulas, Posse sostuvo que “fue de 1,12% en el ámbito privado y de 0,7 en el público”.
“Lo que nosotros esperamos es que se reponga la presencialidad en todos los colegios que están en condiciones. En el caso de San Isidro seguiremos presentando protocolos de seguridad e higiene que disminuyen los riesgos de contagios”, finalizó el intendente.
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