Un entramado judicial que muestra complicidades, connivencia y persecución a asambleístas que poseen causas penales abiertas en su contra. Los detalles de las causas en la justicia.

El proyecto de Agua Rica es auspiciado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral. Pero se encuentra en zona periglacial y por ello está protegido por la Ley de Glaciares.

"En todas las causas judiciales se ha acreditado la existencia de glaciares en el yacimiento Agua Rica", cuenta a Tiempo Judicial Mariana Katz, abogada de la Asamblea El Algarrobo que desde hace más de 10 años lucha contra la minería contaminante. "El servicio geológico nacional ha determinado que hay suelo congelado y descongelado y es ambiente periglacial", cuenta la abogada que agrega que también se violan otras leyes como la de Bosques Nativos y la Ley General del Ambiente.

La lucha contra la minería contaminante

Andalgalá fue la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminería. En septiembre de 2016 mediante una ordenanza municipal, votada por unanimidad de sus siete concejales, se prohibió la actividad minera. Esto fue resultado de la lucha iniciada en enero de 2010 por el pueblo de la ciudad representada en la asamblea El Algarrobo. Desde entonces cada sábado los vecinos y vecinas caminan por el agua y la vida.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2016 fue el antecedente de esta decisión: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”, dijo la Corte contra la instalación de la mina Agua Rica. Pero, ante esto, la propia provincia pidió la inconstitucionalidad de esa ordenanza.

El 24 de diciembre de 2020 el pueblo de Andalgalá se enteró de que la Corte provincial falló a favor de la empresa minera y dejó sin efecto la ordenanza. Esto fue solo el comienzo.

Unos días antes de esta sentencia la empresa Yamana Gold, que intenta desde el comienzo explotar la zona, junto con otra empresa Glencore Xstrata habían anunciado la creación del Proyecto MARA, precisamente, para explotar Agua Rica. "La Corte va a tener que intervenir nuevamente", dice Katz, que representa a unos 100 vecinos. Es que luego de la sentencia del tribunal catamarqueño, tanto la Asamblea El Algarrobo como la municipalidad de Andalgalá presentaron recursos extraordinarios y será la Corte nacional la que deberá resolverlo.

Explotación por detrás y persecución

En marzo de este año los vecinos se dieron cuenta de movimientos de la empresa canadiense Yamana Gold de ingresar maquinaria para iniciar la exploración en la zona. Los asambleístas calificaron de carácter ilegal esto y comenzaron con bloqueos selectivos. "Los vecinos con conocimiento de que entraban las máquinas por la ruta 40, acompañados por la Gendarmería, entrando por Santa María y no por Andalgalá, pidieron una medida cautelar y se ordenó que previo a la resolución de la medida cautelar se haga la inspección", cuenta Katz. Es decir, una clausura preventiva para que no se consume el delito.

La escalada de tensión fue en aumento porque el juez provincial Rodolfo Cecenarro rechazó el habeas corpus solicitado por los vecinos agrupados en La asamblea El algarrobo, y cuestionó a los asambleístas a los que catalogó de “setentistas”. Es así que el 10 de abril, durante la marcha número 584 por el agua y la vida, al pasar frente de las oficinas de Minera Agua Rica un pequeño grupo se desprende e ingresa y a los pocos minutos comienza un incendio. Dos días después, y tras la movilización mencionada que incluyó a casi 4 mil personas, la policía provincial realizó allanamientos y detuvo en su mayoría a integrantes de la asamblea.  Lo que pareció más una cacería contra los ambientalistas.

"Los hechos del 10 de abril tienen que ver con una situación armada ", dice la abogada de la asamblea El Algarrobo y recalca que "los bomberos están a una cuadra y media del galpón de la minera y tardaron dos horas en llegar. Es un dato de la realidad concreta". Recordando que la causa penal está a cargo del propio juez Cecenarro que es el mismo juez en 2010 ordenó la represión a los vecinos de Andalgalá.

Los detenidos incluyeron a siete integrantes de la asamblea, dos periodistas, y dos personas que no son parte de la asamblea. Estuvieron detenidos catorce días por el juez. Actualmente en la causa están terminando de tomarse las testimoniales y se espera el comienzo de las pericias a los celulares y a las computadoras que se secuestraron en los allanamientos. "Se está haciendo el análisis para determinar el grado de participación o no", cuenta Katz y remarca que "esto para nosotros es una causa armada" porque "los propios denunciantes no pueden identificar a los imputados".

Pedidos de clausura y tiempos judiciales

Comodoro Py tampoco escapa de tener que dar respuestas judiciales en el marco de la lucha del pueblo catamarqueño. Existe una causa radicada en el Juzgado de María Servini de Cubría y que fue delegada al fiscal Guillermo Marijuan. Allí, los y las asambleístas pidieron la clausura de las actividades de exploración y el fiscal dispuso medidas en el proceso. El pasado 23 de abril la propia jueza precisó que debía realizarse esa inspección en el yacimiento minero previo a resolver sobre la clausura de las actividades de exploración.

Cuando El Algarrobo tomó conocimiento de las decisiones del directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) sobre la aprobación de la integración de los yacimientos Agua Rica y Alumbrera, denunció a los directores YMAD en ese entonces. "La denuncia es contra los directores que firmaron en ese momento los acuerdos y también se denunció a los funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)", explicó Katz.

YMAD es una empresa que cuenta con la participación de la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Gobierno Nacional que desde 1958 desarrolla en suelo catamarqueño la exploración y operación de minas. En marzo del año pasado fue designado como presidente del directorio Fernando Jalil, hermano del actual gobernador de la provincia de Catamarca.

Algunos jueces y juezas hablan en foros de medio ambiente pero poco se meten en frenar situaciones como las que siguen en Andalgalá, o el despojo de territorios a pueblos originarios, o en causas por el uso de agroquímicos contaminantes que aún siguen cajoneadas. Mientras tanto, todos los sábados y hace más de 10 años vecinos, vecinas y asambleístas siguen caminando por el pueblo de Andalgalá por el agua y la vida.