La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que el órgano internacional califique la desaparición en 2001 de Darío Jerez como un caso de desaparición forzada y exija al Estado argentino una investigación que permita conocer la verdad y terminar con dos décadas de impunidad. A 20 años de los hechos su familia aún espera por conocer qué pasó con él y pide justicia.
"La única línea que, por un momento, posibilitó el avance de la misma fue la causa conexa por encubrimiento que, por negligencia de los operadores judiciales, terminó con la absolución de los imputados por prescripción de la acción penal", explicaron desde la CPM y señalaron en la presentación internacional que el Estado argentino incumplió con su deber de investigar e incurrió en un retardo injustificado en el trámite de la causa. “La demora en el proceso es exclusivamente imputable a la conducta abiertamente negligente de las autoridades estatales al no haber caracterizado los hechos en el marco de una Desaparición Forzada", indicaron.
Rubén Darío Jerez tenía 40 años cuando fue visto por última vez. Era el 25 de octubre de 2001. Ese día salió de su casa en Santa Teresita para iniciar su jornada laboral como repartidor de la empresa Arcor y como gestor. Pero después de visitar a un cliente, testigos lo vieron en la calle con un directivo de la empresa en la que trabajaba, Alejandro Muñoz. Esa fue la última vez que fue visto con vida. Su auto quedó estacionado con las ventanillas abiertas y los objetos personales en su interior. Darío aún continua desaparecido.
Muñoz negó ese encuentro y fue imputado de encubrir su desaparición. Carlos Subirol, otro empleado de la empresa, que retiró el auto del lugar, alterando la escena, también quedó imputado. A lo largo de toda la investigación se pudo dilucidar el vínculo entre la empresa financiera en la que trabajaba Jerez con funcionarios del Estado y como estos intentaron utilizar su posición en el mismo para lograr desviar el curso de la investigación. Eso incluyó un plan para que una persona con discapacidad mental se autoincrimine mediante amenazas y ofrecimiento de recompensa.
Quien se debía auto incriminar era Gustavo Gabriel Maidana. A él le hicieron copiar una nota de puño y letra con el diálogo que debía repetir atribuyéndose la desaparición de Darío. Cristian Ibarra, ex director de Inspección general del Municipio de la Costa, y Daniel López, entonces concejal, fueron los que le hicieron firmar la nota. A ellos se les sumó el entonces secretario de gobierno del Municipio, Jorge Grande, que también participó de las maniobras para evitar que se conozca lo sucedido.
Después de siete años de instrucción, la causa por encubrimiento fue elevada a juicio con cinco imputados: los tres funcionarios públicos y los dos trabajadores de la empresa vinculados con estos hechos.
Finalmente los imputados fueron absueltos por una valoración absurda de la prueba producida, pero la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia y reenvío la causa a primera instancia para que se realice un nuevo juicio. Sin embargo, al no expedirse por la desaparición forzada, y con la presentación de diferentes recursos y apelaciones de los imputados la causa se dilató y recién volvió en 2017 pero no estaba caratulada como desaparición forzada.
Esto permitió que se declarara la prescripción de la acción penal que después fue confirmada en mayo de 2019 por la Cámara Federal de Casación. Actualmente hay una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos para encontrar a Darío aunque la investigación se encuentra paralizada. El lunes pasado sus familiares realizaron una marcha pidiendo justicia y el esclarecimiento del caso.
A 20 años de la desaparición, la CPM realizó una presentación ante la CIDH -acompañando a la familia- para que se declare como un caso de desaparición forzada y el Estado argentino reasuma su responsabilidad de garantizar una debida investigación acorde a la gravedad institucional del caso.
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