La Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS), junto con Organismos de Derechos Humanos, presentaron una denuncia contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por el fallo con el que el máximo tribunal retrotrajo la conformación del Consejo de la Magistratura lo que fue considerado como una conformación “a la carta” que pone en riesgo “el estado de derecho y al propio sistema democrático”.

Se trata de las mismas organizaciones de derechos humanos que expusieron el “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” que realizara Mauricio Macri, y que ahora denuncias a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti  por la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080, la vuelta a vigencia de las leyes 24.397 y 24.399.

La denuncia fue presentada ante el Relator Especial sobre independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionados de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cuenta con el apoyo de, entre otras, las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Al detallar lo que el máximo tribunal hizo en la sentencia conocida como “Colegio de Abogados”, emitida por el cuerpo en diciembre del año pasado, la presentación enuncia que la sentencia “no solo vulnera la independencia de la justicia y configura un retroceso en materia de imparcialidad que afecta a todo el sistema jurídico argentino”.

Es que se trata de un fallo en el que los jueces “debieron excusarse” pero que no lo hicieron y que, incluso, al ser dictado vulnera “también los antecedentes que el máximo tribunal ha desarrollado en los últimos años, respecto de la constitucionalidad de la ley 26.080 (Fallos “Rizzo” y “Monner Sans”), al menos en cuanto al equilibrio de su composición”.

Hay que recordar que la sentencia dictada por la Corte, al retrotraer la vigencia de las leyes  24.397 y 24.399 sumó nuevos integrantes al Consejo y al presidente de la Corte como presidente del Consejo también. “Es un fallo que beneficiar a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial”, dice la denuncia.

Lo que en otras palabras significa que “es una sentencia dictada por los mismos magistrados que se ven beneficiados por el fallo que emiten”, explican en la presentación. Además se resaltó que a las “irregularidades y arbitrariedades que cometió la Corte Suprema” se le puede sumar que la los propios antecedentes respecto a la legitimación de una ONG vinculada a la última dictadura.

AJUS y las organizaciones de Derechos Humanos peticionaron al Relator de independencia de la ONU que realice un “llamamiento urgente al gobierno a fin de que tome acciones respecto de la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requieran medidas para favorecer la independencia e imparcialidad en la conformación del Consejo de la Magistratura”.

“Hechos concretos y descriptos son los que demuestran que desde diciembre de 2015 existe un permanente deterioro de la calidad institucional de la Corte Suprema atentando contra la transparencia, la imparcialidad e independencia de todo el sistema judicial argentino, lo que se expresa en el dictado de fallos arbitrarios, a favor de allegados y corporaciones, en los que el presente es una vuelta más en la rodada de decadencia de magistrados que ya ha dejado de ser vistos por la sociedad como independientes e imparciales por la sociedad, concluyen.

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