La causa Vialidad en la cual está acusada la vicepresidenta continúa con la primera jornada del alegato del fiscal. El cronograma marca una larga agenda hasta septiembre en el único juicio en trámite para Cristina Kirchner y ex funcionarios, con los sobreseimientos dictados en las otras causas, y con el ojo de la tormenta opositora en la previa del inicio de la campaña presidencial 2023. La primera de nueve jornadas ocurrió este lunes, y hoy martes el fiscal detalla las 51 obras públicas que se investigan en el juicio oral.
Esta semana el Tribunal Oral en lo Federal N°2 continuó con las audiencias en el juicio en el que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz con el inicio del alegato del titular de la Fiscalía General 1 ante los tribunales de la Capital, Diego Luciani, y el fiscal federal coadyuvante Sergio Mola que durará nueve jornadas.
Hay que recordar que en la causa se le imputa a la ex presidenta de la Nación, y actual vicepresidenta, Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Con palabras bastantes altisonantes como por ejemplo "los expedientes gritan", el fiscal Luciani inició hoy su acusación contra los ex funcionarios procesados en los cuáles señaló que probarán desde el MPF que durante 12 años hubo una “asociación ilícita piramidal del jefe de Estado para que la maniobra ilícita pudiera llevarse a cabo" en la cual “instalaron una de las matrices más grandes de corrupción extraordinarias que se desarollaron en el país”.
"Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que les generaría los beneficios" y hablando de Lázaro Báez "se mostrarían incondicionales" para la maniobra a la que calificó como de “corrupción sistémica”. En ese sentido, explicó que hubo una "ausencia absoluta de control con la finalidad de la defraudación de los fondos del Estado convirtiendo a Lázaro Báez de la noche a la mañana en un empresario de la construcción”.
En este juicio se pudo ver cómo se profanaron todas las reglas, y se vieron abusos de poder durante 12 años realizados estratégicamente desde el Poder Ejecutivo para direccionar las obras públicas hacia personas de confianza del ex presidente Néstor Kirchner como Lázaro Báez.
"Hubo 17 licitaciones de las 51 investigadas que no pasaron por el control del Congreso", detalló Luciani quien dijo que en "47 casos no se concretaron las obras públicas previstas". Además, contó que en las licitaciones "hubo todo tipo de artilugios financieros para favorecer a Lázaro Báez así como las ilegalidades en 12 años de gestión de la corrupción".
Sobre Lázaro Báez, señaló que "se le adjudicaron obras a su empresa por sobre otras mucho más experimentadas en el rubro construcción siendo como antecedente que fue sólo empleado bancario y monotributista previo a la llegada de Kirchner a la presidencia en 2003. Báez constituyó la firma en esa época montando una estructura societaria junto con las empresas de Ernesto Clarens y Guido Santiago Londeau. Y de un día para el otro se convirtió en el principal empresario beneficiado de la obra pública de Sta. Cruz, el 78 % de las obras fueron para Báez".
"Maniobras burdas para el apartamiento permanente de la ley", expuso este lunes Luciani en el zoom ante la mirada de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un duro alegato de la única causa elevada a juicio que sigue su trámite tras tres año en curso y que podría concluir en septiembre.
“No se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF sino una dirección desde la jerarquía y una continuidad en el tiempo de la organización corrupta que convirtió a un parásito a determinados organismos del Estado” en Santa Cruz y luego extendida al Poder Ejecutivo Nacional durante 12 años. “Un beneficio patrimonial inexplicable para el señor Lázaro Báez”, detalló Luciani.
Además en la causa están imputados el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
Los demás funcionarios fueron acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En la causa también se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Otros imputados son el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez. A todos ellos se les imputó la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Fondos del FMI
La “fuga de capitales” durante el macrismo que denunciaron la ex embajadora, Alicia Castro, el ex ministro de Economía Amado Boudou o el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, junto al investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona pidieron investigar “a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Los propios denunciantes dijeron en su escrito que se trataba de una investigación distinta a la de la causa del FMI porque allí se investigaba a los funcionarios del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y aquí se buscaba accionar contra los responsables de enviar dinero al exterior. En esta causa sin procesados se debate aún que juez lleva adelante la investigación.
Los denunciantes buscan que la justicia federal investigue quiénes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por USD 24.679 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, quiénes fueron los 10 compradores que explican la Formación de Activos Externos (FAE) por un monto de USD 7.945 millones, las personas jurídicas efectuaron compras netas de divisas por un monto de USD 41.124 millones, las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior, y la persona física que habría realizado operaciones por la suma de USD 40,5 millones.
Nuevos acusados en Py
La izquierda política afín a sucesivas marchas y manifestaciones y a “copar la calle” también tuvo sus denuncias en contra y fueron llevados a los tribunales de Comodoro Py. En junio fueron citados en el inicio de la causa dieron presentes el dirigente del PO, Eduardo Belliboni y el actual legislador Gabriel Solano. y otros referentes de la izquierda como la diputada nacional Myriam Bregman, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, entre otros. Los dirigentes denunciados se presentaron formalmente en la causa a designaron a sus abogadas, Liliana Alaniz y Claudia Ferraro.
La cámara federal porteña decidió la semana pasada que pase de la histórica jueza federal María Servini a la jueza María Eugenia Capuchetti. Según Infobae, el camarista Mariano Llorens en soledad también tomó la decisión de cambiar al fiscal de la causa. Ya no será Federico Delgado sino su colega Eduardo Taiano, de perfil más bajo y reservado que el primero.
Las denuncias son para que se investigue si desde el Polo Obrero extorsionaban a beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo” para que le den a la organización el 2 por ciento de ese ingreso - para financiar las actividades del partido. Tanto Belliboni como Solano lo negaron y marcaron que se trata de aportes voluntarios para el alquiler de los comedores y merenderos y para el gasto logístico y de transporte de la mercadería.
“Vinimos a acusar a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonaerense y otorgarle a ellos la administración de los planes sociales. Hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en los ‘barones’ del conurbano”, dijo Solano en los tribunales en declaraciones a los medios presentes.
Avión iraní en C.A.B.A
En Lomas de Zamora, la fiscala Cecilia Incardona se opuso a que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur sean autorizados a dejar el país. La fiscal reconoce que ya se revisaron todos los dispositivos electrónicos de los 14 venezolanos y que no se encontró “ningún indicio ni evidencia de que hayan participado y/o colaborado en actividades relacionadas con actos de preparación de alguna actividad delictiva”, pero dice que “aún no se logró analizar la prueba en su conjunto (es decir, la de todos los celulares entrelazados)”.
La fiscal reconoce que “el avance del caso no depende de la actividad que realicen” los tripulantes del avión, pero dice que son extranjeros “que no tienen arraigo ni residencia” en la Argentina y que “el único modo de juzgarlos” es, entonces, “asegurando su presencia” en el país.
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