Desde que se generó el escándalo a partir de la difusión del chat del grupo de Telegram de jueces y funcionarios de la oposición donde hablaban supuestamente de frenar la causa abierta por el encuentro en Bariloche en la estancia del empresario británico difundio por un medio nacional. El objetivo del grupo habría sido ocultar, inventar pruebas y frenar una investigación sobre un viaje a Bariloche que compartieron.
En la visita a la ciudad estuvieron jueces, funcionarios, directivos del Grupo Clarín y empresarios como el magnate millonario ingles Joe Lewis, y fueron duramente cuestionados por el arco oficialista. Las críticas de referentes se acrecentaron en las últimas horas y todas van en la misma línea: un gran repudio a lo que podría ser uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años que se canalizó en dos denuncias judiciales presentadas ante el Consejo de la Magistratura.
Una de ellas es la que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco presentó una denuncia ante la fiscalía federal de Bariloche para que se investigue la posible comisión de delitos como la "admisión de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales y violación de deberes de funcionarios públicos".
Estos audios son algunos de los presuntos 55 mensajes de voz que intercambiar jueces, funcionarios y empresarios de medios. Desde el entorno de Marcelo D´ Alessandro dijeron a este medio que “los audios fueron robados de un teléfono privado por servicios de inteligencia, editados y compaginados convenientemente, no sé si se entiende la dimensión o la gravedad institucional de que un service entre a tu teléfono y arme esta operación, en la cual además no tuvieron ni la viveza de incluir ningún delito, porque hasta acá, el único delito que se ve, es entrar, robar, editar y difundir supuestas cosas del ámbito privado de una persona”. Por el lado de Mahiques dijeron que “hoy con la tecnología que hay puede hacer lo que quieran con tu voz y compaginar”
Entre ellos, los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Taihlade, referentes judiciales como el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, el abogado Gregorio Dalbón, el ministro de Justicia Martín Soria y el senador nacional, Oscar Parrilli, entre otros, advirtieron en distintos medios y sus redes sociales que se trataría de una “mafia” judicial.
Martín Soria, en diálogo con los medios, señaló que se trata de "un escándalo como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia", y agregó que, si bien ya había denunciado una mesa judicial destinada a la conveniencia del macrismo, esto “es otra cosa. Acá hay chats entre jueces, camaristas federales, funcionarios de Cambiemos, autoridades del Grupo Clarín y ex funcionarios de la SIDE, todo a raíz del 'vuelo del lawfare' como le digo yo".
Por su parte, el diputado Moreau afirmó: "Se quiso borrar de los medios de comunicación la información de esos chats. Estamos ante un Poder Judicial que vino a sustituir al poder militar para limitar la democracia y transformarla en una ficción. Estamos frente a una mafia judicial".
En tanto, Parrilli criticó duramente lo ocurrido y subrayó que se trata de "un chat entre los delegados de (Héctor) Magnetto (CEO del grupo Clarín, y sus subordinados, que son los jueces, fiscales, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro".
"Así se maneja la mafia como un Estado paralelo”, enfatizó el senador y advirtió: “Yo creo que buscan armar una estrategia jurídica y legal para proscribir a Cristina en 2023. Con mafia no hay democracia".
Asimismo, el diputado Valdés señaló que la información que trascendió es "un vómito de poder", y aseveró que "cómo ese poder concentrado se junta a escondidas para planificar acciones contra los representantes de la voluntad popular, de la voluntad de los más humildes, porque de ahí salen todas las operaciones judiciales y mediáticas".
De esa forma, sentenció que “en los chats están claros los delitos que se les ocurren para que los desestimen en la causa en la que se los investiga por haber ido a Lago Escondido". En esa línea, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal advirtió que si se “verificarse la veracidad" del chats, se deberá, aseguró, pedir “explicaciones y de rendición de cuentas porque no se pueden naturalizar estos comportamientos”.
Rodolfo Tailhade, que cuenta con experiencia como abogado, dijo que se podría "abrir una causa por dádivas contra los jueces que viajaron y contra el propio fiscal general porque está muy claro que éste fue un viaje de fidelización organizado y pagado por Clarín para estos magistrados, que en muchos casos ya han tenido intervenciones en temas de Clarín".
Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Su colega Gregorio Dalbón, fue aún más duro al señalar que las propias acciones "no son compatibles con personas de bien", y añadió sobre Ercolini: "Entiendo que si bien se van a defender con el derecho a la intimidad, la verdad que el juez que instruyó y sobreseyó la causa de Papel Prensa, el juez que instruyó y elevó a juicio una causa como la de Vialidad donde la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) eventualmente podría ser condenada, me parece que, además de los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, deberían dar una explicación".
Quienes también se manifestaron fueron los integrantes del Bloque de diputadas y diputados y el Interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos. En conjunto, a través de un comunicado de prensa, repudiaron y exigieron una inmediata investigación por, las que consideraron, "prácticas mafiosas".
En ese mismo tono remarcaron: "Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina".
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