A través del decreto 17/2023 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández convocó a los legisladores y legisladores a realizar debatir un total de 27 proyectos de ley en el verano netamente judicial. Entre ellos, se destacan los relativos a la Justicia que son un total de 6 de los 27 totales. El pedido de juicio político a los cuatros integrantes de la Corte Suprema se destaca porque es el más reciente y ya empezó la discusión hasta de los integrantes de la comisión donde ingresa el proyecto y se dará el primer debate. Valdés acaba de presentar el proyecto de jury.
Otro de los proyectos de ley que fueron reflotados por el mandatario para este verano “judicial” son la ampliación de la Corte Suprema que tiene media sanción del Senado pero quedó trabada su aprobación y el Gobierno Nacional apuesta al verano para tener buenas noticias. Es el proyecto que modifica el artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la CSJN (Exp. Senado 1353-S-2022).
También el prolongado interinato de Eduardo Casal como procurador general interino hace casi 4 años es foco de críticas del oficialismo que propuso al juez federal Daniel Rafecas pero en medio de discusiones por los votos nunca se puso en discusión en el Parlamento. Así, este 13 de enero Fernández en el decreto dispuso el “Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación”.
Y el Gobierno fue por más porque sumó al temario el proyecto de Ley tendiente a “modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 - Exp. Diputados 9-S-2022)”.
¿Esto que quiere decir?
Que el presidente mandó a sesiones extraordinarios el proyecto que propone un Consejo de la Magistratura de 17 integrantes, y no 20 como rige en la actualidad tras el fallo de la Corte Suprema justamente que dispuso en la causa mencionada “Colegio de Abogados”. Este proyecto saca al presidente de la Corte del Consejo y saca dos legisladores, ampliando el cupo de género en el organismos y en cada comisión.
Hoy, el Consejo funciona de hecho con 18 de 20 integrantes porque se judicializaron las designaciones en Diputados y Senadores y hay un per saltum pendiente en la Corte que debe definir esta cuestión. Tengo un déjà vu porque ya se debatió el proyecto de un nuevo Consejo de la Magistratura con exposiciones en las comisiones pero nunca llegaron al recinto. Hoy en día, con la oposición más abroquelada en la previa de las elecciones será un hueso aún más difícil de roer pero el gobierno lo intentará de nuevo.
Así lo hizo saber la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien en su tradicional conferencia de prensa apuntó contra Juntos por el Cambio a quienes les pidió que “dejen de intentar extorsionar al Gobierno con solo tratar los temas que a ellos les interesa”. A su vez, la titular de la Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, Carolina Gaillard, aseguró que en la comisión que encabeza se investigarán "una serie de fallos de la Corte que violentaron la Constitución como fue el fallo del Consejo de la Magistratura y el de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires y en detrimento de las provincias".
En este sentido, Gaillard rechazó además el pedido del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Rodrigo de Loredo para que sea apartada de la presidencia de la comisión por "no garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso". "No proceden las recusaciones en órganos políticos, esto lo dijo el propio Rosatti en un fallo. No se pueden recusar los miembros o las autoridades de los órganos políticos porque estaríamos desnaturalizando el objeto", explicó.
En este sentido, luego del anuncio del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, los diputados nacionales de la UCR Ximena García (Santa Fe) y Francisco Monti (Catamarca), quienes integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazaron el intento del Frente de Todos de arremeter contra la Corte Suprema de Justicia. Además, aseguraron que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
“Este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado. Por lo que ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada”, aseguró García.
Por último, hay tres proyectos más sobre el Poder Judicial. Uno que introduce modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) – Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje.28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022). Otro sobre un interesante proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022) que ya ampliaremos así como otro tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus Modificatorias.
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