En una sentencia sin precedentes, la Justicia Federal de Lomas de Zamora procesó a 54 agentes penitenciarios por torturas ocurridas en junio de 2019 en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que actuó como querellante en la causa, sostuvieron que “se trata de un avance significativo en la lucha contra la impunidad de la tortura”.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora por hechos ocurridos entre el 9 y hasta el 13 de junio de 2019 en el Módulo III, pabellón B del Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Según consta en el expediente, en un primer momento se dio un reclamo de los presos por una modificación “de forma intempestiva y arbitraria” del régimen de visitas.
La protesta de los internos incluyó la quema de colchones y su colocación en la puerta de ingreso al pabellón. Con ello, las autoridades del módulo convocaron a la conformación de un “cuerpo de requisa extraordinario” integrado por la División Control y Registros, el Grupo Especial para la Resolución de Conflictos (GERI) y el Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS).
Después, cuando el cuerpo de requisas logro ingresar comenzaron las torturas. Los agentes de esas diversas secciones condujeron a los detenidos a replegarse hacia el fondo del pabellón, dónde los apilaron unos encima de otros mediante la modalidad de tortura conocida en la jerga como pila humana.
Una vez reducidos en esa posición, y sin que los detenidos opusieran ya ningún tipo de resistencia, los agentes los golpearon con palos y patadas, les arrojaron gas pimienta en los ojos y dispararon con escopetas a corta distancia directamente contra los cuerpos, ocasionándoles diversas lesiones a varios de los presos. Algunos detenidos se encerraron atemorizados en una celda, pero los penitenciarios comenzó a arrojarles gases, provocando que dentro de la celda los detenidos tuvieran dificultades para respirar.
Como represalia también al día siguiente de las protestas los detenidos fueron puestos en aislamiento permanente en condiciones inhumanas, casi sin comer y sin agua por cuatro días. Dejando a los detenidos sin luz artificial; piletas, lavamanos e inodoros tapados, duchas sin flor y ventanas de las celdas sin policarbonato a pesar de encontrarse en periodo invernal.
Así la causa llego al Poder Judicial y en el marco de una exhaustiva y diligente investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal N° 2 del fuero (conducida por la Dra. Cecilia Incardona y con la colaboración del Dr. Claudio Pandolfi -auxiliar fiscal-), se logró la identificación e imputación de los funcionarios responsables por los diversos segmentos que conformaron los hechos.
Desde la PPN advirtieron que “la importancia del fallo radica también en la calificación expresa como hechos de torturas no solo de las agresiones físicas, sino también del régimen de aislamiento y las condiciones insalubres de detención impuestos a las víctimas, en lo que constituye un encuadre jurídico, lamentablemente, poco explorado por la jurisprudencia nacional en casos ocurridos en democracia”.
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