En un vuelo comercial, como el que cubría la ruta desde Ciudad de Panamá hacia Rosario y en el que se denunció un reciente episodio de conducta inapropiada, el comportamiento de los pasajeros está regulado por un conjunto de normas que forman parte del contrato que se acepta al comprar un pasaje. Ese marco establece límites claros sobre lo que puede o no hacerse a bordo, bajo un principio central: la seguridad operacional.
Según especialistas en derecho aeronáutico, la normativa distingue dos grandes categorías de conductas problemáticas. La primera es la del “pasajero disruptivo”, que abarca acciones que alteran la convivencia dentro de la cabina sin poner en riesgo directo la aeronave. La segunda, más grave, es la “interferencia ilícita”, que incluye comportamientos que comprometen la seguridad del vuelo.
Entre las conductas disruptivas se incluyen discusiones, gritos, desobediencia a la tripulación, consumo indebido de alcohol, uso prohibido de dispositivos o incumplimiento del cinturón de seguridad.
En el otro extremo, acciones como intentar abrir puertas, ingresar a la cabina o agredir físicamente a alguien pueden escalar a situaciones de riesgo mayor.
En el caso mencionado, ocurrido en un vuelo desde Ciudad de Panamá hacia Rosario, dos pasajeros fueron denunciados por presuntas “exhibiciones obscenas” en la clase ejecutiva, lo que activó los protocolos de la tripulación y derivó en la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En Argentina, la PSA actúa a requerimiento de la tripulación y puede intervenir cuando un comportamiento altera la seguridad o incomoda a los pasajeros. Las aerolíneas deben registrar el incidente y pueden derivar el caso a la Justicia.
Las sanciones pueden ir desde multas y acciones civiles hasta consecuencias penales, además de la posibilidad de que las compañías aéreas restrinjan el acceso futuro del pasajero mediante listas internas de exclusión.
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