Una relación sentimental que se extendió durante casi siete meses en 2020 terminó derivando en un conflicto judicial de larga duración en la ciudad de La Rioja, marcado por denuncias cruzadas, exposición pública y un intenso hostigamiento digital.
Tras la ruptura, la mujer comenzó una serie de publicaciones en redes sociales y mensajería donde atacó a su expareja, un policía, utilizando incluso perfiles falsos.
En esos contenidos lo acusaba de ser "estafador", "coimero" y "golpeador de mujeres", además de recurrir a insultos personales como "chizito", "cornudo" y "pito corto". La situación escaló hasta episodios de hostigamiento en el lugar de trabajo del agente.
El efectivo policial atravesó un cuadro de afectación psicológica que requirió asistencia profesional y, según consta en el expediente, su desempeño laboral se vio comprometido por sumarios administrativos y advertencias internas para resolver el conflicto. Frente a este escenario, inició una demanda civil por "daños y perjuicios".
La jueza Ana Carolina Courtis hizo lugar al reclamo y condenó a la demandada a una reparación económica que, con intereses, asciende a cerca de $30.000.000. Además, dispuso medidas de reparación simbólica: la publicación del fallo en el sitio del Poder Judicial, su difusión en redes sociales y la eliminación de los contenidos difamatorios, bajo apercibimiento de una multa diaria de $100.000.
En su resolución, la magistrada remarcó que "la Web no es un espacio sin ley" y que el derecho al honor, la imagen y la intimidad debe ser protegido conforme al principio constitucional de no dañar.
El caso fue destacado como un antecedente relevante sobre violencia digital, en un contexto donde la viralización de acusaciones en redes puede generar consecuencias personales, laborales y sociales de gran impacto.
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