Grecia avanza con una propuesta inédita: incluir la inteligencia artificial dentro de una reforma constitucional que busca redefinir el funcionamiento del Estado frente a los cambios tecnológicos.
El plan fue presentado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis como parte de un paquete más amplio de modificaciones institucionales orientadas a una “democracia funcional para hoy y para el futuro”.
En el apartado dedicado a la IA, el texto establece que estas tecnologías deben operar bajo principios que garanticen derechos y bienestar social.
Allí se afirma que “la inteligencia artificial deberá estar al servicio de la libertad del individuo y la prosperidad de la sociedad, garantizando que se mitiguen los riesgos y que se aprovechen plenamente las ventajas que ofrece”.
La iniciativa se suma a otras medidas ya vigentes en el país, como restricciones de acceso a redes sociales para menores y sistemas de trazabilidad de cuentas digitales. Sin embargo, su incorporación al nivel constitucional abre un debate más amplio sobre cómo regular tecnologías que evolucionan a gran velocidad.
El problema central es la distancia entre el ritmo de desarrollo de la IA y la capacidad de los marcos legales para adaptarse. Sistemas cada vez más complejos ya influyen en decisiones sobre empleo, crédito, salud y seguridad, lo que eleva las tensiones entre innovación, control y derechos individuales.
En el plano académico, especialistas señalan que reformas de este tipo pueden volverse rápidamente obsoletas si quedan fijadas en normas rígidas. También advierten que la regulación efectiva de la inteligencia artificial probablemente requiera acuerdos internacionales y marcos más flexibles que permitan ajustes continuos.
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