Una serie de nuevas medidas de prueba fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el expediente que indaga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
La decisión quedó plasmada en una resolución de cinco páginas en la que se ordenaron oficios dirigidos a distintos organismos del Estado, administraciones de countries y compañías privadas, con el objetivo de reconstruir posibles vínculos laborales, movimientos de dinero y operaciones vinculadas a bienes.
Uno de los puntos centrales está puesto en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El fiscal pidió determinar si Adorni tuvo algún tipo de relación contractual, laboral o de asesoramiento entre 2017 y 2023, y en caso afirmativo, acceder a toda la documentación sobre “designación, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales”. La misma línea de investigación se replica para Angeletti en el período 2018-2023.
Además, se requirió al juzgado que tramita la causa contra el hermano del funcionario, Francisco Adorni, un informe completo del expediente, con detalle de bienes, dinero en efectivo y posibles referencias a la sucesión de Jorge Adorni.
Otra parte de la pesquisa se concentra en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club, donde se intenta reconstruir gastos asociados a obras y equipamiento. Para ello se pidieron registros de ingresos y egresos de proveedores, transportistas y contratistas entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
También se solicitó información a Fincas de Iraola 2 sobre la eventual residencia de Silvia Pais, madre del funcionario, junto con documentación del inmueble.
En paralelo, el fiscal avanzó sobre una compra por $8.183.303,25 detectada en un comercio de muebles, pidiendo datos sobre pago, comprador y entrega.
Por último, se pidió a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento sobre plataformas de activos virtuales operativas desde 2012.
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