El gobierno de Javier Milei oficializó 33 designaciones en la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, entre ellas la de Juan Tomás Rodríguez Ponte como magistrado del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
Rodríguez Ponte fue secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Ahora ocupará un tribunal con competencia sobre Ezeiza y causas de relevancia política y económica.
El juzgado interviene, entre otros expedientes, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, y en una causa vinculada a presuntas irregularidades relacionadas con la AFA y la financiera Sur Finanzas.
El paquete de decretos también incluyó movimientos en distintas áreas de la Justicia federal. Entre los nuevos magistrados figuran integrantes de cámaras de apelaciones y tribunales orales de la Capital Federal, además de jueces destinados a cubrir vacantes en jurisdicciones como Chaco, Salta, Mar del Plata, Misiones, Tucumán y San Juan.
En paralelo, el Ejecutivo completó cargos en el Ministerio Público Fiscal y la Defensa. Fueron designados cuatro fiscales federales en diferentes provincias y dos defensoras públicas, luego de que el Senado otorgara los acuerdos correspondientes para avanzar con las designaciones.
El Ejecutivo también designó seis conjueces para la jurisdicción federal de Córdoba, cuatro fiscales federales y dos defensoras públicas.
Las designaciones fueron publicadas mediante decretos en el Boletín Oficial y contaron con los acuerdos correspondientes del Senado.
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