Florencio Randazzo declaró este martes ante el tribunal que lleva adelante el juicio por el caso de los Cuadernos. Como testigo, el exministro de Interior y Transporte buscó despegarse de las decisiones y funcionarios que estuvieron al frente del área antes de su llegada.
La fiscalía puso el foco en las gestiones de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos acusados en el mismo expediente. Randazzo sostuvo que no mantuvo relación con ninguno de los dos ni con Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. También afirmó que desconocía los motivos por los que Schiavi había reemplazado a Jaime.
Randazzo llegó al gobierno de Cristina Kirchner en 2007, cuando asumió al frente del Ministerio del Interior. Su vínculo con el área de Transporte comenzó en 2012, después de la tragedia de Once, cuando la entonces presidenta resolvió incorporar esa cartera bajo su órbita. Hasta ese momento, Transporte dependía del Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido.
Durante su declaración, el exfuncionario aprovechó para describir las condiciones que, según dijo, encontró al hacerse cargo del sector. Habló de un sistema ferroviario que arrastraba problemas desde hacía años, con falta de inversiones y servicios deteriorados. En ese contexto, presentó las medidas adoptadas durante su gestión como parte de un intento por recuperar el funcionamiento de los trenes.
“El ferrocarril explica parte de la tragedia argentina”, sostuvo Randazzo al referirse al deterioro histórico del sistema. Su exposición incluyó un repaso de la situación ferroviaria y de las dificultades que, según planteó, atravesaba el sector.
A su vez, evitó atribuirle responsabilidades a Cristina Kirchner por el funcionamiento de Transporte antes de su llegada al área. Durante su declaración, sostuvo que desconocía los detalles de las gestiones anteriores
Respecto de De Vido, uno de los principales acusados en el juicio, Randazzo buscó diferenciar su relación política y laboral. Aseguró que nunca tuvo inconvenientes con el entonces ministro de Planificación, pese a que Transporte permanecía bajo su estructura hasta 2012.
Su declaración se produjo mientras el tribunal analiza la acusación de una presunta organización dedicada a recaudar dinero ilegal de empresarios vinculados a la obra pública.
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