La instalación de un comercio dentro del Cementerio de la Recoleta quedó envuelta en una disputa judicial. El gobierno porteño licitó una antigua bóveda familiar para convertirla en un espacio destinado a la venta de alimentos, bebidas y productos turísticos, pero una de las herederas reclama que el procedimiento se realizó sin informar a la familia.
Lucía Girado, integrante de una familia que tiene la concesión de la bóveda desde 1890, sostuvo que descubrió el proyecto a través de las redes sociales. Según explicó a La Nación, allí fueron enterrados su padre y dos de sus abuelos y actualmente desconoce si realmente permanecen en el lugar.
La mujer presentó un amparo para detener la iniciativa y cuestionó que la Ciudad haya considerado abandonado el espacio. Afirmó que durante años intentó regularizar la titularidad y hacerse cargo del mantenimiento, pero que no pudo determinar quién figura actualmente como responsable de la concesión.
La Ciudad, en cambio, asegura que notificó a los 30 titulares registrados mediante cartas documento y que realizó un segundo intento de comunicación. Como nadie se presentó para retirar los féretros, las autoridades advirtieron que, si la situación no cambia, los restos serán cremados.
La licitación prevé que el espacio funcione durante cinco años e incluye un local de comidas al paso, una tienda de recuerdos y actividades de turismo nocturno dentro del cementerio.
El proyecto también recibió críticas de la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta. La entidad considera que un negocio gastronómico no es compatible con el carácter patrimonial del lugar y propuso crear allí un centro de información y difusión cultural.
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