El juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó a Cristian Auguadra, titular de la SIDE, que entregue en un plazo de cinco días hábiles documentación vinculada con personas que estuvieron cautivas en Automotores Orletti y Base Pomar.
La resolución establece que los archivos deben ser enviados sin las tachaduras que presentaban las copias remitidas anteriormente y advierte que el incumplimiento podría derivar en una denuncia por desobediencia.
La medida fue adoptada en el juicio que investiga crímenes cometidos en esos centros clandestinos, que estuvieron bajo control de la Secretaría de Inteligencia durante la dictadura cívico militar. La fiscalía, a cargo de Pablo Ouviña, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habían reclamado que se eliminaran las tachadura..
El tribunal considera que esos datos pueden resultar relevantes para identificar a víctimas y responsables. Entre los documentos cuestionados aparece un informe sobre el exdiputado Juan Carlos Comínguez, secuestrado en 1976 y trasladado a la Base Pomar. Comínguez, único sobreviviente conocido que continúa con vida de ese centro, declaró recientemente en el juicio.
La discusión sobre los archivos de inteligencia se remonta al decreto 4/2010, que eliminó la clasificación de seguridad de documentación de las Fuerzas Armadas correspondiente al período 1976-1983, con excepción de la relacionada con Malvinas. Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, organismos de derechos humanos denunciaron que la desclasificación de documentos de la SIDE fue parcial.
El CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta también recurrieron a la Justicia para reclamar el acceso integral a esos archivos.
Durante la dictadura, la SIDE administró los centros clandestinos Bacacay, Automotores Orletti y Base Pomar. Orletti, además, fue utilizado como una de las bases del Plan Cóndor.
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