El máximo tribunal penal del país anuló una resolución de un tribunal de Rosario por apartarse de un criterio fijado en un plenario sobre multas por narcotráfico. La decisión reforzó la obligatoriedad de sus precedentes.
El Tribunal Oral Federal N° 4 encontró culpables al exministro de Planificación Federal y al exsecretario de Obras Públicas por cohecho pasivo y defraudación contra la administración pública. Además, ordenó el decomiso de 48 millones de pesos y también condenó a exdirectivos de la empresa Skanska y a otros exfuncionarios vinculados con la obra.
El exdirector de la empresa estatal fue trasladado desde el penal de Marcos Paz para una indagatoria por un supuesto esquema de corrupción en contratos de logística y almacenamiento.
El magistrado rechazó los pedidos de las defensas para excluir las imágenes del expediente y sostuvo que las dudas sobre su origen o posible manipulación deberán resolverse mediante las pericias técnicas ordenadas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Cámara Federal descartó el “encubrimiento agravado”, pero sostuvo que hubo irregularidades graves en la preservación de pruebas y la dejó a un paso del juicio oral.
La defensa del exlegislador optó por la estrategia de presentar un escrito con documentación y evitar la exposición oral ante el magistrado. En paralelo, solicitó que el juez reasuma la conducción del expediente, actualmente bajo investigación por presunto lavado de dinero.
La decisión judicial limita la participación de los presuntos damnificados en el expediente que investiga el colapso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, al considerar que no está acreditado su perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras virtuales involucradas.
La Sala II del tribunal hizo lugar a planteos de la defensa y advirtió que el expediente por la manipulación de los índices de inflación durante el kirchnerismo podría haber perdido vigencia penal. La decisión no es definitiva y ahora deberá intervenir la Corte Suprema.
Horacio Castagnola declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 y aseguró que nunca sufrió presiones del Poder Ejecutivo. En la misma audiencia, dos exfuncionarios de la AFIP ratificaron la existencia de facturación apócrifa en empresas investigadas.
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