Son tres los expedientes que tramitan por el supuesto contrabando de armas a Bolivia en la víspera del golpe de Estado contra Evo Morales en 2018. La investigará el juez Alejandro Catania porque López Biscayart declinó su competencia.
La reducción no alcanzó para descomprimir la situación crítica de alojamiento en que se encuentra el sistema penitenciario federal con más del 90% de su capacidad colmada hace cuatro años.
Ambas entidades de jueces salieron a contestar las declaraciones del presidente Alberto Fernández quien puso en jaque la duración de los mandatos de los magistrados.
La investigación se inició tras un llamado a la Línea 145 en 2016 y ayer hubo condena de cárcel para el tratante en el juicio en los tribunales federales.
María Alejandra Mángano, fiscala especializada contra el delito de trata, explicó que falta legislación adecuada para que se investiguen a funcionarios cómplices de los tratantes.
La historia comenzó hace cuatro años y ayer tuvo condena en los tribunales federales correntinos en juicios abreviados donde los imputados reconocieron el delito. Conocé detalles de la causa.
Según Mena y Soria, espadas judiciales del Gobierno Nacional existen documentos que probarán la participación directa del ex presidente y la ex ministra de seguridad en el conflicto con Bolivia.
Primero fue Luis Alberto Leiva, a fines de la década del ´90; ahora es el turno de Walter Bento. El tiempo pasa, pero el juzgado federal 1 de Mendoza no tiene paz y en la provincia ya hablan de una maldición.
Hasta ahora, la causa tiene 24 imputados, de los cuales diez fueron detenidos, tres de ellos con prisión domiciliaria. Se pidió la detención del juez pero tiene fueros.
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