El juez Martín Cormick aceptó el reclamo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal en representación de los profesionales que litigan en el fuero laboral, aunque todavía no resolvió si las normas cuestionadas son constitucionales.
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía ganó las elecciones con el 47% de los votos y dará continuidad a la gestión de Ricardo Gil Lavedra en una elección con alta participación.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal cuestionó el proyecto de ley por limitar derechos de los laboralistas y afectar su patrimonio, al tiempo que advierte sobre posibles conflictos con la Constitución y tratados internacionales.
Un relevamiento de ACIJ y CPACF muestra que el 77,7% de los letrados considera que los plazos procesales son excesivos y el 38% percibe falta de aplicación de la ley. Además, más del 40% afirmó que los honorarios se fijan por debajo de los parámetros legales.
Ricardo Gil Lavedra envió una nota en la que advirtió al máximo tribunal que se están disponiendo regulaciones que se apartan de manera significativa de los mínimos establecidos por la normativa vigente. "Es una práctica que deteriora la dignidad del trabajo profesional", señaló.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal había planteado que el decreto firmado en 2018 perjudicaba a sus profesionales.
Se trata de la reglamentación del Decreto 809/24, que excluyó la intervención obligatoria de los abogados en procesos de conciliación referidos al transporte aéreo. "Vulnera principios fundamentales", indicaron desde la entidad.
En su discurso, señaló: “Es una regresión inaceptable tener una Corte integrada solo por varones”.
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