Cristian Joaquín Pacha, de 68 años, fue imputado de lesiones culposas agravadas tras el episodio de ayer donde decenas de personas resultaron heridas, muchas de gravedad.
Tenía 37 años y se había intoxicado en Córdoba. En el mismo evento tuvieron que se atendidas otras 29 personas.
Los condenados comparecieron por delitos perpetrados en detrimento de 14 víctimas, entre los que se encuentran la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos, el abuso sexual y la supresión de identidad entre otros delitos.
Según datos del TSJ, más de doscientas oficinas judiciales ya usan lenguaje claro u otras estrategias de clarificación en sus textos.
Ocurrió en la ciudad de Córdoba donde los imputados no cumplieron el compromiso con la Policía de “dejar libre media calzada durante la protesta del pasado 5 de abril de 2023”. La jueza argumentó que no es una “criminalización de la protesta social”. Detalles del caso.
Los imputados e imputadas comparecieron ante el tribunal por delitos perpetrados en detrimento de catorce víctimas, entre los que se encuentran la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos, el abuso sexual, el homicidio, la supresión de identidad, la alteración de estado civil, la sustracción de una niña menor de diez años, el prevaricato de auxiliares de la justicia y la falsedad documental.
El hábeas corpus lo emitió la propia justicia luego que un hombre fuera detenido 160 veces en 10 años.
Con una única detenida que es la enfermera, ya se fijó juicio para otros diez responsables entre ex funcionarios, directores y médicos del hospital infantil neonatal de Córdoba.
El fallo plantó un precedente ante las situaciones similares, en las cuales los pacientes o familiares toman decisiones que no deberían pasar por el Poder Judicial y que corresponden exclusivamente al contexto de intimidad.
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