Un bebé de un día con obstrucción intestinal recibió la autorización judicial para ser intervenido en Nuequén tras la oposición de sus padres por motivos religiosos. La decisión priorizó el derecho a la vida y a la salud.
El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 69 ordenó suspender el plus que cobraba la obra social Unión Personal, ligada a UPCN, a afiliados que no pertenecen al sindicato. La medida fue impulsada por ATE y plantea un posible acto de discriminación sindical.
El fiscal federal invocó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y solicitó que el caso en el que está en juego la salud de los jubilados sea tratado en la Justicia tucumana.
La medida busca agilizar el tratamiento que recibe un niño con discapacidad en su obra social. El caso nació en el 2015 y hubo por parte de la empresa varios desentendimientos a las órdenes de la justicia.
La demanda colectiva presentada contenía pruebas sobre los hechos de discriminación y, en consecuencia, falta garantía de acceso a la educación a personas con discapacidad.
La denuncia se encuadró en el reconocimiento a la Ley de Género. La obra social debió acatar la orden en tres días y realizar la operación.
Se le había cobrado un 800% de aumento en la cuota, dejándola cerca de los $76 mil pesos por mes. La justicia fallo en favor de Quilmey Ramos.
La profesional fue condenada por la realización del procedimiento con impericia, según determinó la justicia. Le realizó una punción y un drenaje pleural a un nene y agravó su cuadro clínico.
El abogado especialista en derecho de salud hace un análisis de los alcances de la Ley de Reproducción Asistida y de las figuras de "maternidad subrogada" aún sin un marco regulatorio específico.
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