Así se defendió la Procuradora General de la Nación vigente, Dra. Alejandra Gils Carbó, sobre la posibilidad que el nuevo gobierno de Mauricio Macri le inicie juicio política para sellar su salida del cargo. "Se realiza supuestamente contra la autonomía del Ministerio Público, dijo la Procuradora quien milita en la agrupación "Justicia Legítima" que apoya al Gobierno saliente de Cristina Kirchner. Hubo apoyo del ex juez Eugenio Zaffaroni y de organismos de derechos humanos.
La titular del Ministerio Público Fiscal advirtió ayer sobre un supuesto "intento de golpe institucional" contra la autonomía del Ministerio Público y afirmó que "se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales". Fue durante la reunión anual de fiscales, donde ratificó que no renunciará a su cargo pese a las presiones por parte de miembros del próximo gobierno.
"Se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales y a todos los defensores", alertó la referente de la agrupación Justicia Legítima. "Esta procuradora no va a renunciar a su cargo", sentenció en su discurso de bienvenida a los 200 fiscales de todos los fueros y jurisdicciones que participan del tradicional encuentro en el que magistrados y magistradas repasan los puntos principales del trabajo de fiscalías, procuradurías y la propia Procuración.
Macri reiteró en varias oportunidades que intentará apartar a Gils Carbó de su cargo, en el que tiene mandato hasta 2017. Según averguó este medio, la Ley del Ministerio Público estipula que es necesario un juicio político para removerla y al próximo gobierno se le complicaría lograr la mayoría parlamentaria suficiente para llevar a buen puerto su cometido.
Apoyo a Gils Carbó
Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió a las presiones para la que la procuradora renuncie. El académico afirmó que “la Dra. Gils Carbó es la Procuradora General de la Nación, tiene las mismas garantías que tiene cualquier Ministro de la Corte Suprema, de modo que removerla sólo sería posible a través de un juicio político. Es un cargo vitalicio hasta los 75 años, como marca la Constitución”.
Organismos de derechos humanos ratificaron su apoyo a la continuidad de la procuradora general. Rechazaron todo intento de "remoción compulsiva" porque "sería inconstitucional y afectaría el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad".
"La Procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo a la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado", señaló una declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
Para los firmantes del documento, "es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República (en alusión a exponentes "del nuevo gobierno electo del PRO") hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción".
Este intento de desplazamiento "pone en juego a la Procuradora de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios por delitos de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y participes de la dictadura genocida", señalaron una decena de organismos de derechos humanos y sociales.
Las firmantes de los documento se declararon en "estado de alerta permanente y dispuestos a resistir cualquier resolución contraria a la lucha que llevamos adelante, como lo hicimos durante los 20 años en que estuvieron en vigencia las leyes de impunidad de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos".
Por otras parte, una posición similar expresó el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, para el cual el intento de Mauricio Macri de desplazar de su cargo a Gils Carbó no sólo contradice "su discurso republicano sobre la independencia de los poderes", sino que apunta a "obstaculizar los juicios de lesa humanidad" y a convertir a Ministerio Público Fiscal en un "títere del Poder Ejecutivo".
"Expresamos nuestro amplio apoyo a la continuidad de Gils Carbó y bregamos para que esto sea un verdadero clamor nacional en defensa de los derechos humanos y de la Constitución Nacional", expresó el Foro que integran Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y otras agrupaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
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