El órgano de comunicación y prensa desmiente totalmente la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans en el sentido de que dichos funcionarios denunciados por desvío de fondos de obras públicas en el Poder Judicial no dependen de la Corte Suprema.
 
En el texto difundido por el CIJ, se expresó que “la administración de la Corte Suprema es absolutamente transparente y controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN), porque ha sido contratada aún sin obligación legal”.
 
En el artículo en cuestión, se da cuenta de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, contra siete exfuncionarios de la Administración General del Poder Judicial, por irregularidades en la adjudicación de obras. La nota menciona que dicho organismo depende de la Corte Suprema, punto que rechaza el máximo tribunal.
 
Los denunciados son Germán Krieger (exadministrador general del organismo), Luis Alberto Devoto (exsecretario de Asuntos Jurídicos), Walter Eusebio (exadministrador general), Diego Martino (extitular de la Comisión de Preadjudicaciones), Gabriel Saliva(exprosecretario letrado de la Secretaría General), Hugo Cayetano Lazzarini(exsubdirector general de Infraestructura Judicial) y Carlos Susini Burmester(exsubdirector adjunto del Departamento de Arquitectura).
 
El CIJ difundió ayer un comunicado en el cual menciona que ““la administración de la Corte Suprema es absolutamente transparente y controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN), porque ha sido contratada aún sin obligación legal”. Y agrega que “todos los dictámenes de este organismo de control han sido de elogios y no se ha detectado irregularidad alguna. Todos están publicados debidamente tanto en la Corte Suprema como en la AGN, con la firma de Leandro Despouy, quien fuera su titular hasta fin del año 2015”.
 
“La administración del Consejo de la Magistratura es absolutamente independiente de la Corte, y todo su proceso licitatorio responde a las autoridades de ese organismo. Así lo marca la Constitución Nacional, las leyes de organización del Consejo y las decisiones de los propios consejeros”, explicó el organismo presidido por la periodista María Bourdin.
 
Y finalizó con esta frase: “Ante las opiniones que presuntamente se habrían vertido en un informe de la Dirección de Infraestructura, señalamos que la misma depende del Consejo de la Magistratura de la Nación, así como las personas que se mencionan en el referido artículo”.