La jueza en lo contencioso administrativo federal María José Sarmiento requirió al gobierno nacional que brinde un informe sobre la decisión de ceder la base de datos de la ANSeS a la Secretaría de Información Pública de la Nación.

 

Así lo confirmaron fuentes judiciales, quienes precisaron que la magistrada otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de tres días –inferior al que marca la ley- para presentar el informe que prevé el artículo 4 de la Ley 26.854, que regula el procedimiento de las medidas cautelares cuando el demandado es el Estado.

 

La jueza requirió los informes luego de que, en coincidencia con un dictamen fiscal, se declaró competente en la causa promovida por la letrada Valeria Laura Carreras.

 

“Atento la medida cautelar solicitada, ofíciese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que –dentro del plazo de tres días- produzca el informe previsto en el artículo 4 de la Ley 26.854”, dispuso Sarmiento.

 

La norma prescribe que, ante el pedido de una medida cautelar, “el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.

 

Al responder, de acuerdo a la ley, “la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes”.

 

Además de la demanda presentada por Carreras por el convenio publicado el 15 de julio pasado en el Boletín Oficial, hay otras también iniciadas durante la feria judicial, entre ellas las de los diputados nacionales Diana Conti y Héctor Recalde, en las que, como no se habilitó el trámite durante el receso, recién se está definiendo la competencia de los juzgados que deben intervenir.

 

Por la decisión del gobierno nacional de recurrir a la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social para difundir políticas oficiales, Carreras presentó una denuncia penal contra el jefe de gabinete, Marcos Peña, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

 

La letrada y los legisladores promovieron las demandas con el argumento de que ese convenio entre la Anses y la Secretaría de Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional vulnera el derecho a la intimidad, al permitir la divulgación de datos personales, incluso aquellos que pueden tener el carácter de sensibles.