Ayer tuvo dictamen en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal que acota el mandato del/la procurador/a general a cinco años, lo que desplazaría a Alejandra Gils Carbó y removería a casi todos los titulares de las procuradurías y unidades especializadas que ella nombró, al poner un requisito de antigüedad como fiscal de un mínimo de cinco años, que la mayoría no tiene.
La reforma plantea restituir en sus funciones a los fiscales que fueron desplazados por Gils Carbó, dando plazo de 48 horas para que vuelvan a las funciones que se les asignó con acuerdo del Senado; y apunta a descabezar la estructura que armó la procuradora desde 2012, cuando asumió en el organismo, al someter a revisión y aprobación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control todas sus designaciones de fiscales, procuradorías especializadas y también las 11 direcciones generales, que hacen a la megaestructura del MPF.
Fue firmado por el oficialismo de Cambiemos, el FR/UNA de Sergio Massa, el peronismo disidente del Bloque Justicialista y Margarita stolbizer, entre otros.
El organigrama propuesto dejó afuera a la Unidad especializada en Violencia contra las mujeres, que investiga femicidios (UFEM) así como a la Dirección General de Derechos Humanos. El Frente para la Victoria y los partidos de izquierda cuestionaron. Abuelas de Plaza de Mayo presentó una carta de rechazo.

Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación.
Otra de las propuestas del proyecto es mantener el resto de las procuradurías actuales, excepto la de Defensa de la Constitución, que se elimina, y la de Lavado de dinero se dividirá (en Lavado y Delitos Económicos). En la lista de todas las direcciones de la Procuración, desaparece la Dirección General de Derechos Humanos, que dirige Andrea Pochak.
En la reforma queda muy potenciada la Bicameral de Seguimiento, constituida hace poco y cuya presidencia recayó en la diputada massista Graciela Camaño, como parte del acuerdo. La Bicameral, por caso, tendrá entre sus potestades dar el aval a los nuevos fiscales de distrito y a los procuradores especiales que proponga el procurador.
El proyecto de ley podría entrar en la sesión del Diputados el miércoles próximo.





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