El teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, el ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Daniel Rafecas en una resolución judicial que incluyó también un embargo preventivo de 5 millones de pesos.

 

El magistrado consideró probado que Milani no logró justificar "al menos en parte", el origen del dinero con el que compró una casa en el barrio de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro, escriturada en junio del 2010 por 1,5 millones de pesos.

 

Milani ocupó entre 2013 y 2015 el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército y aun tiene que responder ante la justicia en causas judiciales por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

 

La casa en La Horqueta fue comprada por 1 millón 500 mil pesos, de los cuales, según Rafecas, Milani no pudo justificar un préstamo de 200 mil dólares que le hizo Eduardo Barreiro para adquirir el inmueble. Barreiro cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y que se encuentra a la espera del inicio de un juicio oral en su contra en la Justicia Federal de La Plata. El magistrado extendió el procesamiento como partícipe necesario de la maniobra a Barreiro y le fueron embargados 2 millones de pesos.

 

Según había declarado Milani al ser indagado en octubre pasado por Rafecas, Barreiro le prestó 200.000 dólares -equivalentes a unos 800.000 pesos al momento de la operación- para comprar la casa. De acuerdo con la declaración de Milani, su amigo le habría entregado ese dinero "en un bolso chiquito" durante un brindis que se llevó a cabo en el Edificio Libertador en diciembre del 2009 y al menos otras seis personas habrían presenciado esa entrega.

 

Según la resolución de Rafecas, para justificar el origen de parte del monto, Milani habría fraguado un "contrato de mutuo", que fue presentado ante la Oficina Anticorrupción. El juez se basó en informes de los peritos contadores de la Corte Suprema, quienes descartaron ese documento como evidencia.

 

Por otra parte, la investigación judicial demostró que el supuesto prestamista, Barreiro, carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante, dado que sus ingresos eran la jubilación militar y como empleado bancario, y que según sus declaraciones juradas, tanto anteriores como posteriores, "no tenía un solo dólar ahorrado en los años anteriores, por lo que mal podía estar en condiciones de prestar 200.000 dólares de ellos a un tercero".

 

Para hacer cerrar la maniobra, destaca el juez, Milani apareció vendiéndole a Barreiro un departamento de su propiedad en la calle Moldes 2376 de Capital, "como excusa de la cancelación al supuesto "préstamo" cedido por el nombrado, culminando finalmente, para hacer conciliar la construcción de las maniobras de ocultamiento acerca del real origen de los fondos utilizados por el nombrado, hasta hoy desconocidos".