Hoy, frente al Palacio de Justicia, los trabajadores judiciales nacionales realizaron un paro de actividades y un acto a cargo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) como forma de protesta contra el traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el poder Ejecutivo firmado el pasado 19 de enero.
La transferencia de la Justicia Penal contemplaría, en esta primera etapa, las 54 estructuras que están vacantes de ese fuero, que incluye juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías sin titular nombrado. El traspaso implica que la Ciudad empezará a tener a su cargo a todos los magistrados y empleados del fuero, aproximadamente 490 personas. El convenio deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambos distritos.
Desde UEJN convocaron este paro que tuvo repercusión a nivel nacional con cese de actividades en dependencias, juzgados y fiscalías de casi todas las provincias del país. La protesta de la CABA fue con el corte total de la calle Lavalle desde Uruguay hasta Libertad. Asistieron trabajadores, funcionarios y empleados del Poder Judicial y abogados independientes.
Paro y movilización en el Palacio de Justicia.
Julio Piumato, secretario general de UEJN, dijo en exclusiva para Tiempo Judicial: “El convenio del traspaso no persigue mejorar la justicia sino lo que busca en materia penal es garantizar la impunidad de los funcionarios por hechos de corrupción de la CABA haciendo una justicia medida”.
Esto se explica porque los juzgados y fiscalías del fuero penal que pasarían al ámbito de la Ciudad, en caso de efectuarse el traspaso, están vacantes, es decir, que deberían designarse jueces y fiscales. Éstos son los que van a tener que dirimir en asuntos vinculados a delitos contra la administración pública.
Piumato se refirió a la modificación del Consejo de la Magistratura que permite la remoción de jueces por mayoría simple. Esto, combinado con el traspaso de la justicia atentaría contra la independencia del poder judicial. “Quieren digitar a los jueces que van a tratar los delitos de administración pública y si alguno se quiere hacer el independiente y no responder al gobierno no dura ni 10 días en el cargo”, enfatizó el secretario general de UEJN.
Julio Piumato, secretario general de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La lucha también es contra la flexibilización laboral de los trabajadores judiciales. Según UEJN “tanto en obra social como en jubilación, en derechos a la carrera judicial, como en salario, los judiciales que pasen van a terminar perdiendo”. “Si se hace el traspaso el trabajador judicial pierde en promedio un 20% de su salario”, dijo Piumato.
Por otro lado, desde UEJN se resisten al sistema jubilatorio que tienen en la Ciudad de Buenos Aires, la Caja Compensatoria. “No sabemos quiénes lo administran, hay gente que se jubiló, se murió y nunca vio un peso de esa caja”, señaló el dirigente.
Piumato dijo que para la etapa de tratamiento en el Congreso del convenio de traspaso, ya dialogó con el presidente del bloque del Partido Justicialista, el senador Miguel Ángel Pichetto y que tiene reuniones pautadas con los bloques del Frente Renovador y el socialista.
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