Según un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema, desde el año 2008 a la actualidad se dictaron 939 condenas en juicios orales en todo el país.
La realización del informe fue impulsada a través de la Acordada 42/08 que tiene el objeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de esos procesos.
En lo que va de 2017 hay 18 condenas dictadas en dos juicios orales: uno en Jujuy, en el que se condenó, entre otros, al ex General Luciano Benjamín Menéndez; y otro en San Martín, en el que se condenó, entre otros, al ex presidente de facto Reynaldo Bignone.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, conducida por Jorge Auat, elaboró un informe sobre las causas de crímenes de lesa humanidad y tomó como inicio 2006, año de la reapertura de esos procesos judiciales.
Del informe se desprende que en más de una década en todo el país fue sentenciado el 30% de los 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad: desde 2006 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, 750 de las cuales resultaron condenadas y 77 absueltas. Estos números surgen a partir de las 175 sentencias dictadas desde 2006.
"En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio", detalla el informe. Los imputados en libertad son 1149 y los detenidos son 1044.
De los imputados detenidos 518 tienen prisión domiciliaria, 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales, 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios y la gran mayoría, 53, están alojados en la denominada Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo. En seis casos se carece de datos.
La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina "megacausas". De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.
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