El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que contempla la aplicación de la ley del 2x1 en un caso de un delito de lesa humanidad es un "engendro jurídico".
Garavano se refirió a la decisión que tomó ayer la Corte Suprema con los votos de Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti de avalar la aplicación de la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente está derogada, y otorgar de esa manera el 2×1 para la pena de prisión en el caso del represor Luis Muiña.
En diálogo con radio La Red, el ministro dijo: "No parece justo que se aplique el 2×1 para ninguna condena". Y si bien afirmó que no es su trabajo "opinar sobre fallos de la Corte", calificó a la norma como "una ley con efectos tan gravosos que sigue estando y con temas tan sensibles como esto".
También evaluó que hay "un dilema moral" en esta cuestión basada en que "algunos consideran que es un retroceso y otros consideran que es una consagración, porque aún aquellas personas que cometieron los delitos más aberrantes también tienen derechos humanos y en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Ese creo que es el debate moral", afirmó.
Sin embargo, Garavano insistió en que "un fallo del 2x1 en ningún escenario a mí me parece bueno, lo he criticado desde que era secretario de juzgados de menores, hace más de 20 años", recordó.
"Me parece una ley que en su momento fue perversa porque termina beneficiando a personas que cometieron las mayores afrentas y no a delincuentes primerizos o de delitos leves", evaluó.
Cuando le consultaron si el Gobierno se pronunciará en contra del pronunciamiento de la Corte, Garavano recordó que "es una política de la cual queremos salir" al hacer referencia a la independencia de poderes.
"Queremos ser muy cuidadosos, es una Corte independiente que funciona libremente con jueces muy prestigiosos y que está funcionando más allá de que nos guste o no su funcionamiento", sintetizó.
Muiña fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la pena de trece años por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.
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