La diputada del PRO Anabella Hers Cabral se diferenció del macrismo respecto del fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiña con el 2x1 en su pena y dijo, en una entrevista al diario Página 12, que era "un atropello para víctimas y familiares". Además, presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hers Cabral cuestionó la postura del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en principio a favor de la sentencia y se sumó a la presentación de un amparo ante la CIDH para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley del 2x1 a genocidas.
"Sentí la necesidad de hacer algo", dijo a P12 Hers Cabral que, como integrante de la Cámara que representa al pueblo y de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y del parlamento latinoamericano, presentó una denuncia ante la CIDH.
El amparo de la diputada se suma a la denuncia del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, a la del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; y a la del abogado Marcelo Parrilli.
La diputada realizó una denuncia sobre el caso Muiña, donde solicitó una medida cautelar que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390, del 2x1, ya derogada, en el cómputo de detención para casos de lesa humanidad.
"También solicito que se convoque al Estado Argentino a una audiencia conciliatoria para arribar a una solución amistosa. Si bien la denuncia se presentó en Washington, como tuvimos la ley más rápida de la historia, que me pone muy feliz, derogando la posibilidad de aplicar el 2x1 en delitos de lesa humanidad, esa denuncia va a quedar ahora en la nada", explicó Hers Cabral.
A su vez, dijo que no se trata de cuestionamientos al fallo de la Corte "porque tienen que ver con la interpretación". "Tres jueces, la mayoría, interpretaron que se podía aplicar. Y la minoría, con la que me sentí identificada, interpretó que no", agregó.
La abogada penalista interpretó que la aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad "es contraria a los tratados internacionales que tienen rango constitucional, que establecen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que no se pueden conmutar las penas ni indultar".
Al ser interrogada por si había o no intencionalidad política en el fallo, la diputada dijo que "prefería no opinar". "Quiero pensar que no y creer en la capacidad doctrinaria de nuestros jueces de la Corte Suprema", agregó.
En cuanto a la liberación de Milagro Sala, la diputada se dijo identificada a la postura del grupo Gente de Derecho que lidera el Colegio Público de Abogados, al que pertenece. “Nuestro Colegio tiene el compromiso en la defensa del Estado de derecho y en este caso se ha vulnerado con una detención desplazando garantías constitucionales que hacen al debido proceso y privando a la ciudadana Milagro sala del ejercicio de su derecho más elemental de la libertad física”, se pronunció Gente de Derecho.
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