Ante el intento del gobierno de modificar la composición del Tribunal Fiscal, mediante un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que reforma la ley 11.683 estableciendo la designación Contadores Públicos para integrar las Salas Aduaneras, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) manifestaron su "categórica oposición" y consideran que no deben alterar su integración profesional que consta de tres abogados.

 

En el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó en el Congreso se modifica, entre varias leyes impositiva, la 11.683 de procedimiento fiscal, que regula la normativa entre el fisco y los contribuyentes. 

 

La iniciativa propone cambiar la integración de los Tribunales Fiscales, los organismos jurisdiccionales con competencia impositiva y aduanera. Dispone que los contadores públicos podrán ser jueces del Tribunal Fiscal y representantes legales o patrocinantes. De esta manera, las salas aduaneras del Tribunal Fiscal (compuestas por tres abogados cada una) tendrán en el futuro una composición similar a las salas impositivas, es decir, dos abogados y un contador en cada una.

 

"La principal razón de la incumbencia exclusiva de los abogados es que en los procedimientos aduaneros se debaten cuestiones de derecho que pueden afectar gravemente los intereses de los administrados, cuya defensa requiere de la formación específica de los profesionales del derecho", manifestaron los colegios de abogados. 

 

Ambos colegios destacan la exclusividad de la integración de las Salas Aduaneras del Tribunal Fiscal por abogados, establecida en la ley 20.626 y en el Código Aduanero en concordancia con la Ley NAcional de Procedimientos Administrativos que exige el patrocinio letrado obligatorio en todas las presentaciones en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.

 

Y agregaron: "El abogado es quien se encuentra más capacitado para hacer una aplicación sistemática de la ley aplicable al caso concreto, y efectuar una interpretación no sólo de la conducta del agente y su eventual subsunción en el ordenamiento jurídico, sino de la ley y la jurisprudencia. Es su tarea vincular el caso especial con las normas y con los principios de derecho, tanto en materias de derecho privado como de derecho público". 

 

En 1998 y 2002 ambos colegios también se pronuncian en contra de reformas similares que postulan la integración de un contador público como juez aduanero en el Tribunal Fiscal.