Un fallo judicial en Monteros, ubicado en el centro-oeste de la provincia de Tucumán, puso bajo la lupa no solo la conducta de dos efectivos policiales, sino también el modo en que se investigan este tipo de hechos. La sentencia acreditó que un hombre fue detenido sin base legal y posteriormente agredido dentro de una comisaría, en un episodio que había sido cerrado pese a contar con elementos de prueba relevantes.
El juez Mario Velázquez no se limitó a homologar el juicio abreviado -en el que los imputados admitieron su responsabilidad-, sino que avanzó con una crítica directa a la actuación inicial de la Justicia. Remarcó que el expediente fue archivado cuando ya existían indicios suficientes y valoró la decisión del fiscal Miguel Ángel Varela de reactivar la causa.
El origen del caso se remonta al 27 de marzo de 2023. Roberto Andrés Marchese protagonizó un accidente vial y permaneció en el lugar colaborando con el procedimiento. Sin embargo, al ser trasladado a una dependencia policial, su situación cambió abruptamente: en medio de un cuadro de shock, los agentes resolvieron detenerlo bajo una supuesta infracción.
La investigación posterior demostró que esa justificación fue construida. Uno de los policías confeccionó un acta con datos falsos y otro aportó una declaración que sostenía esa versión, pese a que los registros del accidente la desmentían.
La secuencia se agravó dentro de la comisaría. Marchese fue alojado junto a otros detenidos y allí sufrió una agresión que derivó en lesiones constatadas horas más tarde. Para el tribunal, la intervención policial resultó determinante para que esos hechos ocurrieran.
En cuanto a las consecuencias judiciales, el oficial principal William Martínez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por falsedad ideológica y participación necesaria en lesiones leves. En tanto, el agente Santiago Barrionuevo recibió una pena de seis meses de prisión condicional por falso testimonio y su intervención en las agresiones sufridas por la víctima.
Además de las penas, ambos deberán cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, así como la obligación de abonar una indemnización económica en concepto de reparación por los daños ocasionados.
"No puedo dejar de advertir que esta condena que hoy se dictó, llegó después de un trámite de 3 años de proceso, en el cual el Ministerio Público Fiscal había tomado la decisión de archivar la denuncia del Sr. Marchese", remarcó el magistrado en el fallo, donde señaló que en la audiencia de revisión de desestimación había expresado que, ya antes del decreto de archivo, existía “una multiplicidad de evidencias probatorias que ameritan, cuando menos, que se profundice la investigación".
Y añadió: "Hay verosimilitud suficiente para sostener que existe merito para ello, toda vez que, hace ya mas de dos años, cuanto menos, se realizó un acta de contravención de muy dudosa procedencia, que degeneró en una golpiza sufrida por quien aquí reclama el rol de víctima (lo que claramente puede entenderse que fue durante su alojamiento, ya que en el examen médico legal producto del accidente no hubo novedades, y luego a hs. 10.25, la víctima ya presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo) golpiza que incluso habría sido constatada por el Dr. Afur".
El caso también reavivó cuestionamientos sobre los controles internos en las fuerzas de seguridad y el desempeño del sistema penal en la provincia. La sentencia dejó como advertencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación para evitar que expedientes con pruebas suficientes sean archivados de manera prematura, lo que puede derivar en situaciones de impunidad y deterioro de la confianza pública.
En su análisis, Velázquez advirtió que este tipo de prácticas comprometen seriamente la confianza en las instituciones y representan un riesgo concreto para el Estado de Derecho, al evidenciar cómo una actuación irregular puede escalar sin controles efectivos.
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