El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas, que tendrá un capítulo que tipificará el clientelismo político como un delito electoral, que hoy no existe.

 

La ley de financiamiento fijará penas de entre seis meses y tres años de prisión, o inhabilitación para ejercer cargos de hasta diez años, para punteros políticos, dirigentes y funcionarios que ofrezcan favores o dinero a cambio de votos o militancia en campaña.

 

Según publicó el diario La Nación, la sanción a la manipulación electoral se dividirá en dos segmentos. Se tipificará el clientelismo, con sanciones en el Código Electoral Nacional de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial a cualquier ciudadano o dirigente político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una actividad de campaña o de votar de una manera determinada.

 

También se establecerán penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos públicos nacionales para los funcionarios estatales que destinen fondos públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la prestación de servicios a su cargo a la adhesión política.

 

El proyecto de financiamiento establecerá, además, la bancarización de aportes en dinero para campañas que se hacen en efectivo para controlar el origen y destino de los fondos. Se restringen las donaciones en efectivo a $950, que los partidos deben depositar en una cuenta bancaria en plazo perentorio.