Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 10, Walter Correa, rechazó el amparo de un abogado que promovió una acción de amparo en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 27.275, contra el Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que dé cumplimiento con la RESOL-2020-231-APNAAIP, dictada el 27/08/20 por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El juez dijo que hay una “imposibilidad de brindar la información requerida, al contener datos personales de los titulares y beneficiarios del plan (niñas, niños, discapacitados en situación de vulnerabilidad y sus respectivos progenitores, así como también mujeres embarazadas”.

El abogado formuló un pedido de acceso a información pública ante el Ministerio de Desarrollo Social en el cual solicitó la “Lista completa, actualizada a la entrega de la presente solicitud, de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria (tarjeta alimentar), que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre. La lista solicitada deberá incluir los siguientes datos: nombres y apellidos completos, DNI, fecha de alta de la tarjeta, fecha de finalización (en caso de que aplique), monto mensual recibido desde su inicio y total por persona. Así como la cantidad de tarjetas alimentarias que el Ministerio planea entregar, a la fecha de entrega de la presente solicitud. En caso de encontrarse preadjudicadas, remitir nombres y apellidos completos, DNI, fecha de inicio y monto a percibir. Y por si fuera poco, pidió la Lista completa de tarjetas alimentar discriminada por provincia. Informar cuántas tarjetas por provincia se entregaron y cuántas restan por entregar. Y el Presupuesto del Plan Argentina contra el Hambre para 2020, entre otros pedidos.

Ante la requisitoria, el juez Correa primero explicó que el convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES son con padrones confidenciales  (Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y el Decreto PEN Nº 1558/01, y sus normas complementarias).

El magistrado federal también explicó que el Ministerio de Desarrollo Social respondió a la solicitud del amparista de “la forma más amplia posible, siguiendo el principio de máxima divulgación, informando: cantidad de tarjetas activas a mayo de 2020 con detalle por jurisdicción, cantidad de titulares con detalle por jurisdicción, el link para acceder al presupuesto asignado, el monto del presupuesto ejecutado detallado por jurisdicción y copia de órdenes de pago que respaldan la ejecución, todo ello sin hacerlo nominalmente”.

Ante el pedido de acceso a la información pública , la Justicia argumentó que tras el pedido del acceso a la información del “Sr. P.” se publicaron los datos en la página web del Gobierno Argentino y se accede a través de https:// datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-titulares tarjeta alimentar, en donde se utilizó un procedimiento de anonimización de los datos referidos al nombre, apellido y número de documento de los beneficiarios, mediante la utilización de un código alfanumérico para proteger dicha información. Es decir, que ANSES y Desarrollo le brindaron los datos de los beneficios pero con códigos numéricos y no con nombres y apellidos.

El magistrado destacó que un fallo precedente ya versó sobre beneficiarios de subsidios otorgados en concepto de ayuda social a personas, y por otro lado "el “PLAN INTEGRAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” está destinada a madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años de edad que estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo; de importancia de reforzar la confidencialidad de los datos de dichos beneficiarios, ya que los mismos hacen referencia a hogares con niños y niñas menores, a cantidad de hijos e hijas y personas con discapacidad".

Y agregó que ya se dictó la Ley 27.275 Ley de acceso a la información pública, conforme fuera reseñado en el sub considerando V.2.-, la cual no fue cuestionada por el accionante más allá de citar jurisprudencia de la CSJN sobre pedidos de acceso a la información pública.

Corte Suprema

En la citada jurisprudencia, el fallo de Corte “CIPPEC “CIPPEC c/ EN – MDS dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, sobre el principio de máxima divulgación de la información pública  afirmó que “no puede admitirse la negativa fundada en la necesidad de resguardar la privacidad de los mentados beneficiarios ya que esta mera referencia, cuando no se vincula con datos personales sensibles cuya divulgación está vedada, desatiende el interés público que constituye el aspecto fundamental de la solicitud de información efectuada que, vale reiterar, no parece dirigida a satisfacer la curiosidad respecto de la vida privada de quienes los reciben sino ,a controlar eficazmente el modo en que los funcionarios ejecutan una política social”.

Y agregó un tiro por elevación al Congreso que en “efecto, resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a brindar información pública”.