Los autores:
- Mario Velázquez es Juez Penal de Tucumán. Presidente de la Red de Juezas y Jueces Penales de República Argentina.
- Matías Leandro Rodríguez es Abogado, Comunicador y Secretario de Ministerio Público, 1° instancia en la Provincia de Buenos Aires.
Hubo un tiempo en que América Latina creyó que el constitucionalismo democrático podía convertirse, al fin, en una forma estable de convivencia y no en una mera tregua entre crisis. Después de dictaduras, genocidios, persecuciones políticas y economías devastadas por la desigualdad, la región intentó construir una nueva legitimidad fundada en una premisa elemental pero revolucionaria para nuestra historia: ningún poder debía estar por encima de la dignidad humana. Las nuevas constituciones, los tratados internacionales de derechos humanos y la expansión de las garantías judiciales no fueron concesiones teóricas de juristas ilustrados; fueron respuestas éticas al horror. Cada límite impuesto al Estado llevaba detrás una memoria de cuerpos desaparecidos, silencios forzados y vidas arrasadas por la arbitrariedad.
Durante décadas, América Latina avanzó - con todas sus contradicciones - hacia un paradigma que entendía a la democracia no solamente como una técnica electoral, sino como un sistema de límites frente al poder. El acceso a la justicia, el control de constitucionalidad, la tutela judicial efectiva, la ampliación de derechos de las mujeres, las infancias y las diversidades, el reconocimiento de derechos sociales y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos intentaron consolidar una idea profundamente civilizatoria: la autoridad estatal sólo es legítima cuando reconoce fronteras éticas infranqueables.
Hoy, sin embargo, asistimos a una transformación inquietante. El deterioro institucional ya no aparece bajo las formas clásicas de la ruptura democrática. No hay tanques en las calles ni juntas militares suspendiendo constituciones. La regresión se produce de manera más sofisticada, más gradual y, precisamente por ello, más peligrosa. América Latina comienza a habituarse a democracias formalmente intactas pero materialmente erosionadas, donde los derechos fundamentales dejan de ser garantías exigibles para convertirse en obstáculos molestos frente a las urgencias del poder político y económico.
La región atraviesa un momento de fatiga constitucional. Los límites al poder empiezan a ser percibidos como trabas burocráticas; el control judicial como una interferencia; el bloque de constitucionalidad y el sistema interamericano como una intromisión ideológica que atenta contra la soberanía; las garantías procesales como privilegios indebidos; la protesta social como amenaza; la igualdad como exceso discursivo. Allí donde el constitucionalismo latinoamericano había intentado construir una ética de protección frente a las asimetrías históricas, emerge ahora una racionalidad cada vez más disciplinadora, más punitiva y profundamente intolerante hacia cualquier forma de límite institucional.
No se trata únicamente del endurecimiento penal en las calles ni de la expansión de facultades policiales, aunque esos fenómenos resulten alarmantes. El problema es más profundo: el vaciamiento progresivo de los derechos civiles y sociales encuentra en la expansión punitiva su mecanismo de contención y control. Al mismo tiempo que asistimos a una peligrosa instrumentalización del proceso penal como herramienta de disciplinamiento político, comienza a instalarse la idea de que gobernar exige desprenderse de garantías; que la eficacia política requiere menos controles; que las emergencias económicas, de seguridad o de gobernabilidad justifican excepciones permanentes. Y toda excepción que se normaliza termina degradando la democracia que decía proteger.
El fenómeno atraviesa múltiples dimensiones de la vida regional. Se debilita la independencia y la imparcialidad judicial cuando las sentencias incomodan a los gobiernos o a los poderes económicos; se deslegitima el acceso a la justicia para los sectores vulnerables bajo discursos de austeridad; se relativizan políticas de género y diversidad apelando a restauraciones morales conservadoras; se cuestiona la protección integral de niños, niñas y adolescentes bajo narrativas de disciplinamiento social; se criminaliza la protesta mientras se amplían márgenes de tolerancia frente a violencias institucionales cada vez más naturalizadas.
En distintos países de América Latina, además, resurgen discursos que reducen los derechos sociales a meros privilegios fiscales y transforman la desigualdad estructural en responsabilidad individual. El constitucionalismo social latinoamericano - que entendía salud, educación, vivienda y protección social como presupuestos mínimos de ciudadanía democrática - comienza a ser reemplazado por lógicas de mercado donde la dignidad depende cada vez más de la capacidad económica de cada persona, vulnerando de facto el principio convencional de no regresividad. El resultado es devastador: democracias que conservan procedimientos electorales, pero abandonan progresivamente la promesa de igualdad material que les daba legitimidad moral.
La ofensiva contra las garantías constitucionales posee, además, un componente profundamente simbólico. Se intenta desacreditar toda cultura jurídica de derechos humanos asociándola con debilidad institucional, romanticismo progresista o protección de minorías incómodas. Se instala una pedagogía social del resentimiento donde el otro vulnerable deja de ser sujeto de protección constitucional para convertirse en sospechoso, carga económica o enemigo cultural. Y allí radica una de las mutaciones más graves de este tiempo: el deterioro del principio mismo de alteridad democrática.
Porque las garantías constitucionales no existen para proteger abstracciones jurídicas; existen para resguardar vidas concretas frente a las distintas formas de concentración del poder. Cuando se debilita el acceso a justicia, quienes primero quedan desamparados son las mujeres víctimas de violencia, las infancias atravesadas por la exclusión, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los sectores populares, las diversidades y quienes habitan los márgenes económicos y sociales de nuestras democracias. Cada retroceso institucional encuentra siempre los mismos cuerpos disponibles para soportarlo.
América Latina parece olvidar una lección que conoce demasiado bien: los derechos rara vez desaparecen de manera abrupta. Se erosionan lentamente. Primero se relativizan en nombre de la emergencia; luego se desacreditan culturalmente; finalmente se vacían de contenido hasta convertirse en fórmulas retóricas incapaces de limitar el ejercicio real del poder. El problema nunca comienza cuando una garantía se elimina formalmente, sino cuando la sociedad deja de percibirla como necesaria.
Tal vez el rasgo más inquietante de esta época sea la creciente naturalización social de ese deterioro. Amplios sectores democráticos observan estos retrocesos con una mezcla de resignación, oportunismo o silencio táctico. Como si defender límites constitucionales se hubiese vuelto políticamente incómodo en sociedades atravesadas por el miedo, el desencanto y la incertidumbre económica. Sin embargo, las democracias no colapsan únicamente por el avance de liderazgos autoritarios; también se vacían cuando quienes deberían sostenerlas abandonan la defensa ética de sus principios fundamentales.
La historia latinoamericana enseña que ninguna degradación institucional comienza con la abolición inmediata de la democracia. Los procesos más peligrosos son aquellos donde el autoritarismo aprende a hablar el lenguaje de la legalidad mientras vacía lentamente sus contenidos. Allí donde el derecho deja de funcionar como límite frente al poder y comienza a convertirse en herramienta de administración de obediencias, el constitucionalismo democrático entra en una zona de fragilidad extrema.
América Latina atraviesa, acaso, un nuevo eclipse constitucional. Un tiempo donde la fatiga social frente a las crisis habilita la tregua de gobiernos más duros, menos controlados y crecientemente indiferentes frente a los derechos fundamentales. Pero ninguna sociedad sale fortalecida cuando convierte las garantías en enemigas de la gobernabilidad. Porque las constituciones no se redactan para facilitar el mandato de los gobernantes, sino para proteger a los gobernados. Organizar el poder es secundario; subordinarlo a la inviolabilidad de la dignidad humana es el único fin que justifica su existencia.
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