En la provincia de Salta condenaron a ocho años un recluso que vendía drogas desde su celda en la Unidad Carcelaria N°3 Orán del Servicio Penitenciario de Salta, donde cumplía una condena efectiva de cuatro años y seis meses de prisión por casi el mismo delito; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, condena que sería terminada el 3 de setiembre de 2021.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta y concordó con el fiscal general Eduardo José Villalba, que fue el que realizó la acusación penal a Sebastián Policarpio Flores. El juicio fue realizado entre mayo y junio y el tribunal que actuó fue conformado por el Marcelo Juárez Almaraz junto a los vocales Marta Liliana Snopek y Federico Díaz.

La investigación fue hecha por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que avanzó con tareas de campo e inteligencia supervisadas por la auxiliar Mariana Gamba Cresmaschi y el auxiliar Jorge Viltes Monier. Fue un año lo que tardo la justicia en reunir las pruebas para realizar la presentación en octubre del 2020.

Fueron cinco las personas que se detuvieron a raíz de la causa y se logró secuestrar más de 7 kilos de cocaína. Según la fiscalía, el interno junto con su pareja, Marisol Diego, utilizaba mujeres en de bajos recursos como mulas para el transporte de sustancias.

La justicia de la provincia informó que “Flores ganó, en julio de 2020, por ejemplo, 3.500.000 pesos como consecuencia de 15 viajes que llevó adelante la organización”, y destacó que con los ingresos “reformó su vivienda del barrio 9 de julio, en donde edificó dos plantas. Más de ocho habitaciones con piso renovados y hasta adquirió un hidromasaje que proyectaba instalar, entre otros lujos”.

Otra de las puntas de la investigación será la posible complicidad del servicio penitenciario. “Se inició actuaciones para determinar posibles responsabilidades del personal penitenciario”, señaló el fiscal de la causa y apuntó que la total libertad con que se manejó Flores “se debió a la funcionalidad de los guardias”.

A cambio tenían ‘piedra libre’ en un comercio ubicado frente al penal. De donde sacaban todo tipo de mercadería, incluso carne para el asado. Todo lo pagaba Flores, quien enviaba semanalmente a Diego a cancelar la cuenta con el comerciante”, informó la justicia.